En los últimos días los usuarios del servicio de transporte de Córdoba que utilizan las unidades de la empresa Autobuses Santa Fe, que opera en la ciudad como UTE con su par ERSA, sufrieron las consecuencias de un paro decretado por asambleas impulsadas por los choferes.
Los inconvenientes se anticiparon unas semanas atrás, específicamente el lunes 20 de marzo, cuando los conductores de la prestadora amenazaron con una primera medida que nunca llegó a concretarse. En la misma acusaban, a través del delegado Martín Avendaño, que Autobuses Santa Fé no ponía en circulación unidades suficientes para cumplir eficientemente las frecuencias debidas.
La incriminación no terminaba allí, sino que además se habían retirado unidades 0km y en su lugar circulaban colectivos viejos.
A la semana siguiente, precisamente el lunes por la mañana, quienes utilizan tanto los corredores 40, 50, 70 como las líneas 500 y 501, mientras desayunaban se enteraron en los titulares matinales, de la asamblea realizada por los choferes, que resentía la prestación desde la medianoche. Al igual que unos días atrás, denunciaban problemas de frecuencia junto con un pedido de seguridad para poder trabajar.
Alejandro Rossi, titular de la empresa, señaló a los delegados que impulsaban las medidas como "anarquistas de la fuerza sindical". Develó que los intereses de los mismos era mantener algunos privilegios, presionar a la firma, y crear una atmósfera negativa para volverla estatal.
El representante de la empresa declaró: "Desde el 4 de enero pasado, once integrantes de Comisión Directiva de Autobuses dejaron de ir (a trabajar). Después de intimarlos, ayer tomé la decisión que no se les pague... y esa es la verdadera razón del paro. Tengo también veintidós dirigentes sindicales que decidieron no trabajar más".
Además agregó que la semana anterior habían firmado un acuerdo social donde prometían no hacer paro por seis meses.
La voz de los usuarios se hizo oír con la viralización de un video mostrando a una señora enojada que mantenía una discusión con un chofer de la línea 45, quien se negó a continuar manejando. La primera sostenía estar esperando el colectivo más de 30 minutos, con lo cual no podía llegar puntual a su lugar. Mientras, el conductor evitaba la responsabilidad, deslizándola al intendente Mestre. Este último declaró que la medida era totalmente irracional, lo cual enfureció más a los delegados.
El jueves 9 se repitió la historia. El problema en esta ocasión fue el impedimento, por parte de inspectores municipales, de la salida de unidades desde la cabecera de la línea, debido a que no se encontraban en condiciones de hacerlo. Asimismo, once delegados denunciaban no haber cobrado el mes de marzo. Desde la empresa justificaban el hecho aduciendo que esos trabajadores no cumplieron con su labor en todo el mes trascurrido, ya que realizaban "tareas sindicales".
Por último, la semana cerró con otro paro sorpresivo.
En esta ocasión porque los colectiveros fueron víctimas de ataques por parte de los usuarios mientras prestaban servicios. Esto afectaba a las líneas 40, 43 y 45, las cuales no realizaron el recorrido en repudio a la agresión a un compañero. El hecho puntual sucedió cuando un pasajero propinó un puñetazo al rostro de un conductor porque había esperado en la parada más de 40 minutos. El hombre fue trasladado al hospital de urgencias.
Por el momento los usuarios se mantienen alertas. No pueden pronosticar si el día de mañana tendrán transporte para poder ir a trabajar. Por otro lado, los once choferes que no trabajaron el mes de marzo tampoco recibieron su depósito y no saben si lo percibirán.
Por último, el intendente sigue acusando la insensatez de las medidas de fuerza.
Desde que la municipalidad puso en acción el nuevo sistema de transporte, presentando a los nuevos actores de la UTE, que hoy por hoy casi monopoliza el servicio, el mismo ha tenido un problema tras otro, que generó en los usuarios una atmósfera de violencia que paga $7.15 cada viaje.
