Un integrante de la Legislatura de la Provincia de Córdoba propone prohibir la pulverización aérea por glifosato y una severa restricción a la fumigación terrestre. El proyecto presentado por Santiago Clavijo, integrante del Frente Cívico, que es el partido de Luis Juez, toma como fundamento la recategorización del herbicida a partir de la resolución de un instituto de la Organización Mundial de la Salud.

Recordemos que el 20 de marzo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS declaró al glifosato como "sustancia probablemente cancerígena para humanos", junto con otros cuatro pesticidas (malatión, diazinón, tetraclorvinfos y paratión), que también son incluidos en el proyecto de ley.

"No podemos seguir utilizando estos venenos como si se fueran sustancias de baja o nula peligrosidad -señala el legislador Clavijo-. Debemos disponer los mismos recaudos y restricciones que se toman para el transporte, acopio, manipulación y utilización para los productos de peligrosidad alta".

La provincia de Córdoba es la segunda con mayores rindes sojeros del país, por debajo de Santa Fe. Los campos de soja se rocían principalmente de glifosato. La expansión sojera se concentra en la pampa húmeda, ubicada en el sudeste provincial.

Según un estudio presentado por la provincia de Córdoba y el Hospital Oncológico, titulado "Informe sobre cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009", se estipula que los índices de mortalidad por cáncer más elevados se encuentran en esa región.

Los departamentos con mayores tasas son Marcos Juárez (229,8), Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). En el quinto puesto compiten Río Cuarto (201,3) y, más por el norte, Sobremonte (201,3).

A su vez, en dicha provincia se mantiene latente la polémica por los intentos de la empresa Monsanto, creadora del glifosato, para instalar la planta procesadora de semillas de maíz más grande del subcontinente.

Hasta ahora, se espera que la compañía presente un segundo estudio de impacto ambiental, cuyo primer informe fue rechazado por el gobierno. A su vez, la corporación espera resolver el problema de todos sus permisos, que fueron declarados por la justicia como "arbitrarios y anticonstitucionales".

Además, se cumple un año y medio del bloqueo a la planta hecha por vecinos y manifestantes en contra de Monsanto, que ha inhabilitado la construcción de la fábrica.