El juez de Control de Córdoba Gustavo Reinaldi, cuestionó seriamente la realización del "Operativo Saturación" en la provincia. La decisión fue tomada debido a la presentación de un hábeas corpus en nombre de 12 barrios cordobeses afectados por el accionar policial, en el que se demanda que se detenga el proceder violento e injustificado de esta fuerza de seguridad provincial.

Los llamados operativos de "saturación" fueron lanzados el pasado mes de abril por el gobernador de Córdoba. Juan Manuel de la Sota aprobó este proyecto que implica la presencia de miles de policías en las calles.

Esto responde, según el mandatario provincial, a la demanda de protección contra los crecientes hechos de inseguridad.

Estos operativos en su aplicación concreta han implicado la realización de miles de detenciones y allanamientos. Organizaciones de lucha contra la Violencia Institucional han denunciado, desde principios de este mes, que miles de jóvenes han sido retenidos en comisarias sin haber cometido ningún delito.

Las detenciones masivas no han cesado desde que comenzó el operativo. Entre el 2 y el 3 de mayo al menos 350 jóvenes fueron arrestados, las autoridades policiales no especificaron la cantidad exacta. El juez Reinaldi decidió recordarle al jefe de la policía de Córdoba, Julio César Suárez, que la detención debe ser un procedimiento de última instancia y consideró que las privaciones de la libertad masivas difícilmente respondan a este requisito.

También exigió que los menores de edad que son retenidos en comisarias sean derivados inmediatamente al Juzgado Penal Juvenil correspondiente.

Las organizaciones que luchan contra la Violencia Institucional y miles de vecinos de barrios afectados reiteradamente por los operativos, manifiestan que estos apresamientos se dan solamente contra jóvenes que viven en zonas pobres.

Muchos de ellos fueron retenidos por no llevar el DNI, lo que constituye un arresto arbitrario y es ilegal. El representante de la Campaña Contra la Violencia Institucional en Córdoba, Lucas Ezequiel Bruno, declaró que durante las detenciones, los chicos habían sido golpeados y torturados.

La única certeza sobre estos operativos es que movilizaron a 1500 policías. El juez Reinaldi reclamó que se dé la información exacta de las detenciones efectuadas.