El Gobierno de Río de Janeiro ha decretado el estado de calamidad pública debido a la crisis financiera que enfrenta #Brasil desde principios del 2016, problema que se ha generado no solo por la dificultad en los sectores siderúrgico y automovilístico sino también en la caída en el precio del petróleo, lo cual ha causado la caída en la recaudación de impuestos.   

La decisión que tomó Francisco Dornelles, gobernador interino del Estado de Río, tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad y dar paso a la puesta en práctica de medidas duras en el área de la administración. Por lo pronto, el próximo lunes, el presidente interino Michel Temer se juntará con los gobernadores de todos los Estados en busca de una solución.

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El respaldo sería de 2.900 millones de reales con el objetivo de impedir un colapso y al mismo tiempo asegurar la realización de los #Juegos Olímpicos.   

Más allá de que Eduardo Paes, alcalde de la ciudad anfitriona de los XXXI JJOO, pretenda colaborar en compromisos asumidos con los recursos que dispone su gestión, el decreto establece que las autoridades tienen vía libre para adoptar las medidas que sean necesarias para la racionalización de servicios públicos.  

Los gobernantes del segundo estado económicamente más fuerte de Brasil, que tiempo atrás había adoptado medidas ante la escasez de recursos, tomó esta medida inusual con el fin de garantizar las obligaciones de los servicios públicos durante la máxima cita del deporte mundial, evento que según el Comité Organizador de Río 2016 no se verá afectado por la medida, que fue respaldada por el presidente interino Michel Temer, ya que los preparativos no están ligados a los fondos públicos.  

El decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, da cuenta de la imposibilidad de cumplir con compromisos asumidos para el normal desarrollo de la cita olímpica y paralímpica; y advierte que la situación puede motivar un colapso en la áreas ligadas a la salud, la educación y la seguridad pública, las cuales comenzarán a tener financiación del Gobierno federal.  

En un principio, el Gobierno del Estado de Río se comprometió a invertir 300 millones de reales en proyectos relacionados a los Juegos, sin embargo el acuerdo con el Comité Organizador estipuló que las inversiones no dependan de manera directa de los fondos públicos sino que se realicen por medio de incentivos fiscales a empresas.

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La mayoría de las obras de infraestructura y equipamiento están finalizados pero el Estado de Río aún debe concluir las tareas del metro, que conectará las zonas turísticas con Barra de Tijuca, uno de los escenarios en donde se llevarán a cabo las competencias.  

Para poder finalizar e inaugurar la obra, las autoridades de Río de Janeiro necesitan que el Gobierno federal le gire 130 millones de euros, presupuesto que desde hace meses es materia de discusión teniendo en cuenta que el Estado tiene dificultades para pagar el sueldo de sus funcionarios, trabajadores públicos, jubilaciones y pensiones. Además, los hospitales públicos están colapsados y no cuentan con insumos, las escuelas están en situación de abandono y los policías reclaman el pago del salario con cese de actividad, panorama que se traduce en un notorio aumento en índices de criminalidad. 

Desde la organización de la primera cita olímpica en territorio sudamericano aseguran que la delicada situación económica del Estado de Río no perjudicará las cuestiones de salud pública (virus del zika) y la seguridad contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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