Atrás quedó la ilusión de que el referéndum celebrado en Grecia otorgue un soplo democrático a la Unión Europea, el contundente triunfo del "no" al programa de ajuste propuesto por la Troika, se reveló como una quimera. Era previsible que, entre el cobro de la deuda y el bienestar del pueblo griego, los acreedores elijan la primera opción, la segunda no estaba en discusión, como tampoco un debate ético sobre el origen de la misma.

Los países del Eurogrupo llegaron a un "acuerdo" en Bruselas el pasado domingo, imponiéndole a Grecia un programa de reformas draconianas para avanzar en un tercer "rescate".

En la Eurocumbre, las alternativas con las que se encontró  el primer ministro griego Tsipras eran la aceptación del programa de austeridad o el Grexit. La incertidumbre que provocaría la salida del euro, con el consecuente aislamiento financiero y geopolítico, lo hicieron rendir y aceptar la austeridad.

De ese modo, el gobierno heleno aprobó ayer en el Parlamento: la racionalización del IVA y ampliación de la base tributaria; reformas en el sistema de pensiones; y la introducción de recortes de gastos en caso de no lograr superávit. Así lo establece la declaración acordada, solamente una vez aprobadas dichas medidas y todos los compromisos incluidos, será posible negociar un memorándum de entendimiento.

Éste será el próximo paso que deberán afrontar.

Esos otros compromisos incluyen: establecer reformas en el mercado de bienes y servicios; privatizar la red eléctrica; adoptar cambios en el mercado laboral, incluyendo la "modernización" de las negociaciones colectivas, el derecho de huelga y el despido masivo; y potenciar el sector financiero.

Si bien las presiones de la Troika por las privatizaciones comenzaron desde el primer "rescate", la resistencia que opuso el pueblo heleno con manifestaciones y más de 30 huelgas generales, impidieron gran parte de las subastas. Por ese motivo, y para no dejar cabos sueltos, la declaración también obliga a: "elaborar un programa de privatizaciones de escala considerablemente mayor y con una mejor gobernanza; se transferirán bienes griegos a un fondo independiente" y deberá alcanzar un valor de 50.000 millones de euros.

Aunque dicho fondo será gestionado por las autoridades helenas en Grecia, estará bajo la supervisión de las autoridades europeas, lo que implica una vasta pérdida de soberanía.

El gobierno de Syriza llegó al poder en enero de 2015 con la promesa de acabar con las políticas de austeridad que se vienen aplicando en un espiral de ajuste-endeudamiento desde hace más de 5 años. La aceptación del programa neoliberal tiene su costo político. La votación en el Parlamento se desarrolló en un contexto donde 32 diputados de Syriza votaron en contra, 6 se abstuvieron y 1 no asistió. Todo en medio de huelgas y manifestaciones. No obstante, la aprobación contó con el respaldo de algunos partidos de la oposición.

De ese modo, el gobierno consiguió el apoyo de 229 de los 300 diputados.

La dramática situación que atraviesan la U.E. y Grecia revela el fracaso del proyecto comunitario europeo, que lejos de ser una sociedad fraternal es un organismo autoritario dirigido por Alemania y los banqueros, decidido a profundizar la crisis humanitaria que transita el pueblo heleno y mostrarle al resto de los países del sur de Europa las consecuencias que enfrentarían en caso de emularlos. Desgraciadamente, la historia del siglo XX es testigo de que parte de la élite política alemana sabe como sembrar miedo.