Hoy, China dió por terminada su política de "hijo único", desde el 1 de enero del 2016, por lo que sus ciudadanos podrán tener hasta dos hijos. Los políticos chinos enmendaron la Ley de Planificación Familiar, que desde 1979 prohibía tener más de un hijo. Las parejas que en su momento desafiaron la ley y tuvieron más de un descendiente, vivían un verdadero infierno: a esos bebés no los recibía ningún hospital, no tenían derecho a un nombre, no se podían inscribir en ningún colegio, no podían trabajar, ni casarse, entre otras prohibiciones, ya que la ley no los reconocía como ciudadanos.

Desde el 2016 esos "segundos hijos" podrán ser reconocidos como personas.

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Según los demógrafos, China se evitó 400 millones de nacimientos, pero sigue siendo el país más poblado del mundo con más de 1300 millones de habitantes, que conforman la segunda economía más importante del globo, después de Estados Unidos.

Cuando la ley del "hijo único" comenzó a aplicarse, los medios de comunicación internacionales criticaron esa decisión tan severa, pero el gobierno chino siempre la defendió, argumentando que esa política les permitió salir de la pobreza y convertirse en la potencia que son actualmente. Como efecto colateral, esa antigua restricción propició el envejecimiento de la sociedad china.

Desde el próximo año, el máximo permitido será dos hijos por matrimonio, dado que las autoridades creen que así la población de China rejuvenecerá, pero sin perder los logros económicos alcanzados por esa nación.

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Alrededor de 13 millones de personas comenzarán a gozar de derechos básicos, que antes le fueron negados, por ser "segundo o tercer hijo". Los padres de esos niños fueron castigados con la cárcel por no atenerse a esa ley restrictiva. 

El estricto control de natalidad que ejerce el gobierno chino sobre sus habitantes genera interrogantes entre ellos y entre la opinión pública internacional porque enfrenta el deseo de formar una familia con el progreso económico obligando a los asiáticos a elegir una sola opción, sin derecho a discutir #Legalización #Movimientos sociales #Derechos Humanos