La acusación formal fue presentada ante el organismo se seguridad brasileño el día sábado; los cinco partidos políticos denunciantes, opositores al Partido de los Trabajadores (PT), acusaron a la mandataria brasileña de pretender utilizar un decreto para sobornar a los votantes y de esa manera eludir el proceso de impeachment que se inició el pasado viernes en la Cámara de Diputados.
A pocas horas de iniciarse “el procedimiento de juicio político” que impondría un final drástico al mandato de Dilma Rousseff en Brasil, emergió como un temporal frío esta nueva incriminación contra su investidura presidencial y por el que pone otra vez al punto límite a un Gobierno que ya fue acusado de complicidad en innumerables hechos corrupción y de realizar maniobras en el presupuesto fiscal.
La demanda que recibió la policía local, que acusa a Roussef de intentar “comprar votos”, se basa en un decreto que el ejecutivo había presentado el pasado viernes y por el que pone a “la localidad de Amapá como titular de una gran parte del suelo amazónico”.
Para los oponentes del Partido Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócrtatas (DEM), Popular Socialista (PPS), Laborista Brasileño (PTB) y el Social Cristiano (PSC), mediante esa acción intentaron comprar la voluntad de los diputados que participaran de ese sufragio. En tanto que desde el gobierno, anunciaron que esa ley ya había sido aprobada durante el año 2009 y, por intermedio de ella, se pretendía “traspasar esas tierras que estaban en poder del ejecutivo”.
El pasado lunes 11 de abril, después de una extensa discusión, la comisión especial de la Cámara de Diputados, aprobó con una gran mayoría el inicio del “juicio político con fines de destitución”. Si este domingo, la votación progresara en esa cámara, será el senado quien dictamine el apartamiento provisional de la mandataria por un periodo de 180 días y su posterior alejamiento definitivo de la presidencia mediante el juicio político; pero para llegar a esa instancia el requerimiento inicial es que en diputados la votación llegue a superar los 342 de los 513 que forman ese cuerpo.
Mediante el calificativo de "traidores de la democracia, en referencia a la oposición, y como un modo de auto defensa frente a esta adversidad, Rousseff apareció durante las primeras horas del día sábado con un mensaje através de las redes sociales; allí calificó a este proceso "como el mayor fraude de la historia del país".
Durante su discurso, de corta duración, manifestó que la oposición intenta poner al Estado en "inestabilidad política con el objetivo de tomar por la fuerza lo que no consiguió en las urnas".
Dilma Rousseff llega a esta situación, acusada de ejecutar maniobras que le permitieron ocultar datos estadísticos de los periodos 2014 y 2015; una operación de maquillaje fiscal en el cual cubría gastos de los fondos oficiales.
