El Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016 representaron dos grandes oportunidades para los empresarios brasileros para atraer inversiones, aumentando el prestigio de este sector y su imagen internacional. Pero la apuesta en el internacional evento deportivo no resultó como se esperaba. El país carioca terminó desembolsando 13,600 millones de dólares, cifra superior a los 3,300 millones presupuestados por el comité organizador de Brasil 2014.
Este pésimo escenario volvió a repetirse con los JJOO de Río 2016, en los que el gobierno brasileño desembolsó 70 millones de dólares más de los 11 millones establecidos inicialmente.
A esto se le agrega el malestar social por los desalojos en barrios pobres para la construcción de las nuevas estructuras, como es el caso de la Vila Autodromo, donde 600 familias fueron expulsadas de sus casas. Se estima que desde el 2009, unas 77.000 personas fueron desahuciadas por las autoridades para la edificación necesaria del mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.
Cabe notar los numerosos sobreprecios (en Río llegarían al 51 por ciento) y los ya mencionados escándalos de corrupción de 8 de las empresas constructoras encargadas de la infraestructura, a las cuales se las investiga por una posible desviación de 85 millones de reales pertinentes a las obras del Parque de Deodoro.
Intervenciones policiales y represión
No faltaron tampoco las intervenciones y el despliegue de las fuerzas de seguridad en las favelas, como es el caso de Maré. En 2014 la policía del estado mató en Rio de Janeiro a 580 personas (40 por ciento más que en el 2013), cifra que aumentó a 645 en el 2015. Corcovado, el Pao de Açucar, la Villa Olímpica, el Maracaná y decenas de favelas contemplaron día a día operativos de la policía militar que continúan pese a haber finalizado las olimpíadas, como aconsejo en su momento el juez Gilmar Mendes, el actual presidente del Tribunal Superior Eleitora.
También la gente de Brasil fue testigo de la represión de las protestas de los trabajadores y estudiantes con el amparo de la ley antiterrorista, aprobada en febrero de 2016. Durante el mes de septiembre, tuvieron lugar en San Pablo, Rio de janeiro, Florianopolis, Porto Alegre, Natal, Vitoria, Curitiba, Salvador y Fortaleza. Hubo varios detenidos y heridos, mientras la gente marchaba por las calles levantando carteles que expresaban lo mismo:“Fuera Temer”.
