El lunes por la tarde Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La presidenta iba con un objetivo muy claro: pedir el apoyo de las Naciones Unidas en la lucha que el gobierno argentino está manteniendo contra los fondos buitre. Previamente, el día 9 de septiembre, la Asamblea General de la ONU había adoptado una nueva resolución para redactar un marco legal que permita la regulación de las reestructuraciones de la deuda soberana. Esta resolución fue impulsada por #Argentina y el G77 y China.

Y así, la reunión de la Presidenta con el secretario general de la ONU está empezando a dar sus frutos: tal y como se dice en el titular, esta mañana fue aprobada en Ginebra una nueva resolución contra los fondos buitre.

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Dicha resolución ha sido presentada por Héctor Timerman. La resolución ha sido aprobada por 33 votos a favor, nueve abstenciones y cinco votos en contra, entre los que se incluye, como cabía esperar, el de Estados Unidos.

El título de la resolución, aunque es bastante largo, resulta bastante aclaratorio: “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los fondos buitres”. Y es que el negocio de los fondos buitres es muy lucrativo para los grandes capitales financieros dedicados a la especulación.

Estos compran deuda de los países que están pasando por una situación difícil, a un 20% del valor de la deuda en muchos casos.

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Después comienzan una serie de litigios internacionales contra los países deudores, con el objetivo de cobrar el 100% de dicha deuda. En Argentina operaron así y en 2001, cuando estalló la crisis económica de Argentina, pretendieron que se les pagara el total de la deuda, oponiéndose a la reestructuración de la misma.

Desde entonces, el país está enfrascado en una serie de litigios que parece no tener fin. La única solución es, sin duda, un acuerdo de los todas las naciones para regular la actividad de los fondos buitre, la cual atenta peligrosamente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.