Documentos que esta semana se hicieron públicos en España muestran el apoyo del gobierno de Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos a la dictadura Argentina.
Según los documentos publicados por el periódico Público, las excelentes relaciones entre la incipiente democracia española y el régimen dictatorial argentino tomaron diversas formas: desde acuerdos económicos millonarios para financiar la dictadura hasta medallas, condecoraciones, homenajes y colaboraciones entre las policías.
Conocidos torturadores argentinos que en la actualidad cumplen condena por delitos de lesa humanidad, formaron parte de la embajada argentina en España, desde donde controlaban y perseguían al colectivo de refugiados argentinos que habían huido a España de la dictadura.
El gobierno de Suárez no sólo les dotaba de pasaportes sino que les permitía portar armas en nuestro país. Las relaciones entre los cuerpos policiales y militares de ambos países eran tan fluidas que muchos condenados por torturas cursaron estudios en el ejército español, del mismo modo que guardias civiles y policías españoles se desplazaron a argentina becados por centros tan siniestros como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), responsable de uno de los principales lugares de tortura y asesinato del país.
El dictador argentino Videla llamaba "mi casa" a la embajada española y fue condecorado por el rey Juan Carlos con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.
Pero no fue el único, el gobierno de la época condecoró a 23 militares argentinos más, algunos destacados golpistas o responsables de campos de concentración, como Antonio Vañek o José Rogelio Villareal. Y, en justa correspondencia, militares españoles de honda raigambre franquista fueron también distinguidos por el gobierno argentino en solemnes ceremonias celebradas en su embajada en Madrid.
La misma embajada enviaba obsequios a militares como Milans del Bosch, condenado por participar en el golpe de estado del 23-F o Federico Gómez de Salazar, excombatiente que luchó junto a los nazis con la División Azul.
Sin embargo, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina interrogó a los militares españoles que habían acudido a aquellos "cursos".
Entre ellos estaba Cristobal Gil y Gil, comandante del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) que fue acusado por un testigo de haber participado activamente en la represión argentina. Gil y Gil manifestó no recordar quienes habían sido sus anfitriones y ni siquiera sabía que en Argentina había habido desaparecidos. Los 30000 muertos por terrorismo de estado fueron calificados por el militar español como un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideológicos dispares".
