Documentos que esta semana se hicieron públicos en España muestran el apoyo del gobierno de Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos a la dictadura #Argentina.

Según los documentos publicados por el periódico Público, las excelentes relaciones entre la incipiente democracia española y el régimen dictatorial argentino tomaron diversas formas: desde acuerdos económicos millonarios para financiar la dictadura hasta medallas, condecoraciones, homenajes y colaboraciones entre las policías.

Conocidos torturadores argentinos que en la actualidad cumplen condena por delitos de lesa humanidad, formaron parte de la embajada argentina en España, desde donde controlaban y perseguían al colectivo de refugiados argentinos que habían huido a España de la dictadura.

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El gobierno de Suárez no sólo les dotaba de pasaportes sino que les permitía portar armas en nuestro país. Las relaciones entre los cuerpos policiales y militares de ambos países eran tan fluidas que muchos condenados por torturas cursaron estudios en el ejército español, del mismo modo que guardias civiles y policías españoles se desplazaron a argentina becados por centros tan siniestros como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), responsable de uno de los principales lugares de tortura y asesinato del país.

El dictador argentino Videla llamaba "mi casa" a la embajada española y fue condecorado por el rey Juan Carlos con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica. Pero no fue el único, el gobierno de la época condecoró a 23 militares argentinos más, algunos destacados golpistas o responsables de campos de concentración, como Antonio Vañek o José Rogelio Villareal.

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Y, en justa correspondencia, militares españoles de honda raigambre franquista fueron también distinguidos por el gobierno argentino en solemnes ceremonias celebradas en su embajada en Madrid.

La misma embajada enviaba obsequios a militares como Milans del Bosch, condenado por participar en el golpe de estado del 23-F o Federico Gómez de Salazar, excombatiente que luchó junto a los nazis con la División Azul.

Sin embargo, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina interrogó a los militares españoles que habían acudido a aquellos "cursos". Entre ellos estaba Cristobal Gil y Gil, comandante del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) que fue acusado por un testigo de haber participado activamente en la represión argentina. Gil y Gil manifestó no recordar quienes habían sido sus anfitriones y ni siquiera sabía que en Argentina había habido desaparecidos. Los 30000 muertos por terrorismo de estado fueron calificados por el militar español como un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideológicos dispares".