El Consulado General de la República Argentina, ha anunciado que, a partir del 1 de enero de 2015, entrará en vigor el nuevo DNI electrónico. El plazo de renovación finalizará el día 31 de diciembre del presente año. Todos aquellos ciudadanos que no posean el nuevo documento, a partir del primero de enero del próximo año, su antiguo documento, carecerá de validez a todos los efectos.
Los ciudadanos de este país dispondrán del nuevo DNI, al que se incorporará un "chip", dejando de tener vigencia, desde ese instante, cualquier otro tipo de documento.
Así lo confirmó desde Madrid El Ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo. Aunque los DNI actuales y en vigencia no habrán de ser cambiados por el nuevo, se calcula que para el 2015, estarán prácticamente expedidos los nuevos.
A este nuevo documento, se le incorporará un chip doble, el de los datos de la identidad y otro donde se almacenarán otros de utilidad, tales como, historial clínico, Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), Pami (Obra Social para jubilados y pensionistas) y tarjeta de transporte.
Aunque Randazzo asegura que, con este nuevo documento, se evitarán papeleos y mejorarán, notablemente, los trámites oficiales, no dejan de llover críticas, sobre todo a través de las redes sociales donde, cientos de personas opinan que, esta iniciativa, es una violación de la privacidad de los ciudadanos,
La especialista en derechos digitales y miembro de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, se deja oír al afirmar que el nuevo DNI no es necesario, considerándolo completamente desproporcionado.
Opina que no es más que otro mecanismo del Estado para controlar a las masas de la población en la presunción de adoptar nuevas y modernas tecnologías. Se asombra de la mínima reacción social, por parte de los ciudadanos, organismos oficiales y oposición, que asumen el nuevo documento, sin cuestionarse ni discutir.
Frente a los 41 millones de habitantes de Argentina, tan sólo el 10%, en su mayoría los más jóvenes, se niegan a la integración de este moderno documento que dejaría al descubierto más datos personales de los que hasta ahora eran exigidos.
Entre las críticas de este pequeño porcentaje de ciudadanos, existe lo que consideran un vacío legal, que no garantiza la privacidad de los datos recogidos.
Si bien es verdad, que ya no se puede volver atrás, sí se debería crear un registro para que los ciudadanos conozcan las fechas y, en qué circunstancias, accedieron a sus datos.
Para este porcentaje de habitantes, se hace necesaria la opción de poder elegir, o no, el nuevo DNI. Aunque el Gobierno asegure que "el nivel de seguridad es alto e inviolable", estos ciudadanos no tienen muy claro cómo poder controlar el acceso a su información privada.
Pero bien es verdad, que la sartén por el mango, tan sólo la tiene el Gobierno. ¿Conseguirá la ciudadanía que se tenga en cuenta su voz?
