El debate ante la Cámara de Casación Penal, que debía resolver la inconstitucionalidad o no del Pacto Argentina-Irán, esta semana tuvo un vuelco anunciado, al desplazarse en forma irregular al Juez Luis Cabral, por determinación del Consejo de la Magistratura con mayoría kirchnerista.

El Juez Cabral se encontraba cumpliendo una subrogancia desde hace dos años ante la Cámara de Casación Penal, en donde el término de la misma duraba hasta que se cubriera en forma efectiva la vacante, cosa que aún no aconteció y sin embargo fue desplazado del cargo.

La maniobra resulta escandalosa, por cuanto el Gobierno, por todos los medios, pretende cerrar las causas en donde se encuentra comprometido, siendo un antecedente inmediato una maniobra similar, cuando la causa impulsada por el fallecido Alberto Nisman, tuvo dilaciones hasta que se nombró un fiscal, Germán Moldes, afín al gobierno, quien desestimó la causa que dos fiscales y un juez anteriormente, habían manifestado debía investigarse.

En tal sentido, lo actuado por la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, es de una caradurez asombrosa, pues las maniobras dilatorias realizadas en pos de apartar a los jueces Cabral y Gemignani, se alinearon con lo realizado por el Consejo de la Magistratura dominada por el kirchnerismo.

En el Consejo resolvieron en tiempo récord un pedido de la propia Cabral, que solicitaba se dicte resolución a fin de saber quiénes reemplazarían las subrogancias que vencían a fin de mes. Por esta se determinó el apartamiento de Cabral, nombrando a Claudio Marcelo Vázquez, reconocido como juez afín al gobierno.

Con ello se abre el camino para que la Cámara de Casación Penal declare el pacto Argentina-Iran, como constitucional, revocando así lo dispuesto por la sala I de la Cámara Federal penal porteña, mediante una maniobra vergonzosa llevada adelante por la titular de dicha Cámara, con la connivencia del Consejo de la Magistratura dominado por el kirchnerismo.

El Juez Luis Cabral por su parte, manifestó que lo sucedido es abiertamente antirreglamentario e inconstitucional, y apelará la medida en la justicia, expresando asimismo que la función del Consejo se ha subvertido, pues lo único que busca, lejos de garantizar la labor judicial, es manipular a la justicia.