La tarde calurosa del día jueves en el centro porteño, sucedió un acontecimiento que nos dejo estupefactos a todos los que transitábamos por la céntrica y concurrida Avenida de Mayo. El accidente que protagonizó el colectivo de la línea 91 en Plaza de Mayo, hoy el lugar del destino del acampe de quienes piden por la liberación de la dirigente Milagro Sala, dejó como saldo a cinco personas heridas y destrozos en todo el sector del acampe, por donde anduvo sin control semejante nave.

Mientras sucedía ese hecho pavoroso en la histórica Casa Rosada, el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, recibían al representante de la Iglesia Católica de la #Argentina, el monseñor Jorge Lozano  y al coordinador de la agrupación social Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini.

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El encuentro tuvo como objeto inicial la apertura del diálogo entre el #Gobierno del presidente Mauricio Macri y la organización liderada por la dirigente jujeña aliada al kirchnerismo; la presencia de  la iglesia católica en la asamblea fue importante, ya que esta Institución actuó como intermediaria entre ambos sectores.

La liberación de Milagro Sala fue el tema central del debate durante la asamblea. A pesar de que no hubo una resolución firme sobre esa petición, el coordinador de la agrupación confirmo que se sentía satisfecho por el acercamiento.

La líder de la Tupac permanece detenida en la cárcel de mujeres de Alto Comedero hace ya 20 días, esta acusada inicialmente de “instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real”; pero con el correr de los días y frente a las nuevas acusaciones que fueron  presentadas por el gobernador jujeño, Gerardo Morales, ante el juez de la causa Gastón Mercau, Milagro Sala afronta hoy sus días en el penal acusada de “asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública”.

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Durante los últimos días se presentaron diversas voces a favor de la necesidad de su liberación, muchas de ellas observan a este hecho como un intento para “acallar a la oposición”; en tanto otras prefieren que la dirigente k aguarde un futuro juicio “en libertad”.

Fuera de todo ello, son ineludibles las imágenes que se dieron a conocer por los medios de prensa y las redes sociales, en ellas se observa la propiedad que posee la dirigente social en el barrio Cuyayá, un distrito en el que habitan gente común y trabajadora y en el que predominan las casas bajas y que están al margen de toda suntuosidad.

Precisamente sus propiedades y posesiones hoy son eje central de las acusaciones que pesan en su contra. Al margen están las respuestas que afirman los de su entorno en referencia a este asunto.