Macri apelará todos los fallos judiciales que detuvieron el aumento de gas y luz, prometió que seguirá incrementando el valor de la totalidad de los servicios públicos y que elevará queja a la Corte Suprema en el supuesto y acaso remoto caso que ordene el freno. En tanto, crece el descontento popular en todo el país, con continuas protestas.
El jueves 14 habrá un cacerolazo nacional a las 20 convocado por la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. Ya no hay bolsillo de las clases medias y baja que pueda afrontar el mentiroso 400% de aumento en el gas, cuando el real precio trepó hasta el 2000%, y al que se agregan los tarifazos de luz y agua.
Se profundizará la pobreza y más todavía con un Poder Ejecutivo que ahora extorsiona al Congreso para que acompañe su voluntad de disminuir salarios.
El ministro de Energía Aranguren ratificó la decisión macrista de no detener y sí acrecentar tarifas y la gente necesita salir a la calle sin violencia a exigir el respeto a sus derechos avasallados y a la dignidad humana, porque además sobra falta de trabajo y salarios bajos, mientras el Gobierno descaradamente generaliza la corrupción con sus eternos negociados en todos los estratos estatales.
No hay democracia sino dictadura con la Corte de Lorenzetti-Magnetto que la avala, la que ordenó que se cajonee la imputación contra Aranguren por la adquisición con sobreprecio del gas a la Shell de Chile de la que es socio.
Asimismo, la Corte diligenció la liberación plena de cargos recaídos sobre el titular de Hacienda Prat Gay por sus ilícitos con el HSBC al que responde laboralmente, y tras haberse comprobado que formó una red de sociedades offshore en paraísos fiscales, de las que no es ajena la familia Macri, pero por supuesto que intocable como si fuese máximo ejemplo de integridad moral.
En tanto, Aranguren denunciado penalmente, continúa con su vínculo profesional con la Shell, donde también mantiene $13 millones de acciones clase A de las que reveló que no se desprenderá.
Un signo incuestionable de incompatibilidad con su función gubernamental, conflicto de intereses e incumplimiento de la Ley de Ética Pública.
En paralelo, el sobreseimiento de Prat Gay es otra bofetada contra el país. No importa su participación en evasión fiscal como apoderado y usuario de 4040 cuentas de empresas y argentinos en el holding financiero suizo, que sea cliente del HSBC, ni que facilitó múltiples sociedades en paraísos fiscales ocultando la identidad de sus propietarios evasores de impuestos.
Por otra parte, este 9 de julio no olvidemos que el gobierno no le encontró cajas de seguridad a Cristina de Kirchner, denunciadas sin fundamento por la sumisa al Pro Stolbitzer, aunque le congelaron sus bienes: ni que el Jefe de Estado dijo que la cooperativa de trabajo del diario Tiempo Argentino es usurpadora y que para colmo acaba de aceptar que Alpargatas haya dejado cesantes a otros 48 empleados.
Recordemos la pena que da la señora de Massa, quien con su habitual grosero lenguaje anticipó que necesitará prácticamente prostituirse para ayudar a pagar cuentas a su “empobrecido” marido. ¿Será que es verdad que Macri combate el narcotráfico y se le acortaron entonces las ganancias a los Massa?
