El Gobierno reiteró que avanzará el desempleo público, reconociendo que eliminará más de 114 mil puestos a fin de año. Y sin ningún ahorro cierto, si de eso se trata, porque hizo numerosos nombramientos con salarios superiores a los de la gente que hoy reviste en el Estado. Pero más aún, Macri otra vez en defensa de grandes empleadores para quienes proyectó la eximición de cargas sociales, extendió la amenaza de pérdida laboral a trabajadores del sector privado, responsabilizándolos de licencias y ausencias caprichosas.
Rechazó otra vez las paritarias.
El Primer Mandatario niega la continuidad de la negociación colectiva, arrogándose facultades que no le competen ya que la legislación las prevé. Continuarán las cesantías, suspensiones, supresión de turnos y de horas de trabajo; se apurarán retiros en el ámbito privado “voluntarios” para profundizar el ajuste y mejorar la rentabilidad de los concentradores de riqueza:cómplices netos de una política neoliberal para que haya más ricos y más pobres.
Para la “dotación óptima del personal”, la ola de despidos “será irreversible e implacable”, anunció el ministro Ibarra. En educación pública reinició la razzia. Sumará a retiros, jubilaciones obligatorias de 10 mil estatales, pretendiendo instalar en la sociedad que trabajadores de educación, de salud, de programas sociales y tantos otros servicios esenciales son todos “ñoquis”.
Un disparo que apunta a sembrar miedo igualmente a los privados, que ya son el mayor número de cesantes.
Macri contrató consultoras privadas que evalúan cómo acompañar el hostigamiento contra los trabajadores, practicarán encuestas truchas para avalar que es necesario echar gente, aun cuando ella declare tareas justificadas; desautorizarán sus opiniones en conformidad con sus argumentos: los estatales y privados tienen “viveza criolla” y “ese atajo no va más”.
En tanto, Triaca fue objetado en Diputados al presentar el plan de Primer Empleo, que ojalá jamás prospere, ya que es otra modalidad para no frenar despidos.
Es despiadado el proyecto macrista: otorgar un sueldo magro a la juventud, empleo precarizado sin cobertura social y liberando a las empresas de toda contribución a su favor. El Gobierno patrocina que empleados hoy mejor remunerados sean echados y sin la indemnización correspondiente. A los ricos estafadores y habituales evasores, se les ofrece que contraten 240 mil jóvenes de 18 a 24 años en condiciones abyectas, sin garantía de estabilidad; si contratan 10, serán liberados de multas y sanciones pendientes y se les extinguirán las deudas con el Estado.
Se vaciará la Anses, donde ya echó mano de recursos pasando por alto al Congreso. No se solucionará el empleo en negro, ni se rehabilitarán las Pymes por la competencia de “los grandes”, la apertura de importaciones (una suspensión por tres meses es insuficiente) y el tarifazo con que el castigo se extiende al grueso de la sociedad argentina. El Gobierno nos quiere engañar de que así subirá el consumo, que solo lograría con un cambio total del modelo económico.
La mano “pesada” y la persecución laboral no tiene límites. Y ahora MM quiere llevar presa a la jueza Forns por pronunciarse contra el tarifazo y echó sin causa a su esposo que trabajaba en la Justicia, mientras que adherentes “impresentables” publicaron una solicitada exigiendo la destitución de Rafecas por haber rechazado la denuncia de Nisman “insostenible” de que CFK encubrió el atentado a la AMIA.
