El Presidente y un gran séquito de funcionarios nacionales y provinciales fuertemente manchados de corrupción, siguen dedicados a robar para su propio provecho, el de sus amigos y empresarios ricos nacionales e internacionales. La fuga de sus capitales es cubierta con la adquisición de deuda externa, mientras la hegemonía mediática tuerce la balanza a su favor.
En este proceso de fraude despiadado al Estado, con el objetivo de vender el país y paralelamente destruir al kirchnerismo, los acompañan la mayoría de jueces y fiscales, las leyes dictadas por el Pro y amparadas por la Corte, empresas mediáticas y periodistas que se integran a sus negociados, parlamentarios aliados en un juego de “toma y daca” que traicionaron el voto popular y la cúpula sindical “comprada”.
Un ejemplo: el secretario de Finanzas Caputo, antes de asumir como tal, fijó el precio del dólar a futuro e incrementó su patrimonio comprándolos con su firma Axis, un Fondo Común de Inversión. Tenía 43.000.000 de contratos con el ROFEX por un monto total de $453.944.000 y declaró ante la Oficina Anticorrupción un capital de $1.866.283,53. En cambio, CFK sigue procesada por la venta de dólar a futuro sin pruebas en su contra, cuando se sabe que incurrieron en este delito empresarios allegados a Macri e integrantes de su gabinete, sin que la prensa a su servicio haga hincapié en ello.
Justamente la intromisión del poder mediático en el campo de la Justicia, fue cuestionado por el juez federal Rafecas en declaraciones a la agencia Télam, tras haber sido tratado de modo brutal en una solicitada publicada por macristas, quienes reclamaron días atrás su destitución “por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura”.
Afirmó que ahora "los jueces ya no pueden hablar sólo a través de sus fallos" y consideró que la Justicia debería “repensar” su relación con los medios de comunicación y la opinión pública, dada la injerencia de muchos dispositivos tecnológicos, periodistas y panelistas que pueden contribuir a propagar miradas interesadas y carentes de objetividad.
Lamentó el apremio al que fue sometido por haber desestimado la denuncia del fiscal Nisman contra CFK y el ex canciller Timerman, al igual que las lecturas mediáticas que lo han obligado a explicitar su resolución estrictamente judicial, la que fue ratificada por las tres instancias, quienes coincidieron con elocuencia que no existía ningún ilícito susceptible de ser investigado.
También añadió que ciertos sectores, con el cambio de gobierno en la Argentina, creyeron que podían torcer su postura y volver a imputar al gobierno anterior. Dejó entrever que se vieron molestos y frustrados porque mantuvo su postura de no reabrir la causa y recalcó que Eliaschev, en su declaración testimonial ante Nisman, desmintió los conceptos de la nota que publicó en Perfil; así, admitió que sus dichos fueron mediáticos.
Por otra parte, el juez Oyarbide reveló al diario La Nación que fue perseguido por el Pro debido a que sobreseyó al matrimonio K de enriquecimiento ilícito. Se jubiló en razón de que no soportaba las continuas amenazas de enjuiciarlo políticamente, y porque la corporación mediática recibió letra del macrismo para tratarlo como “el personaje más despreciable del país”.
Denunció que la Justicia está invadida por el Ejecutivo obviando a la Constitución. Agregó que los que hoy gobiernan cometen altos actos de corrupción y dominan de tal manera que no hay juez que los encarcele.
