El juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, otorgó la excarcelación bajo caución a Diego Cuevas, imputado por haber ocasionado la muerte de Lautaro Juárez, de 16 años, el domingo de la semana pasada, y lesiones de distinta gravedad a otros seis jóvenes.
En este marco, la polémica sobre las excarcelaciones se reanuda. La indignación se encuentra presente no sólo en las familias, sino en el ciudadano común.
Es imperativo tratar de comprender el sistema a pesar de la subjetividad con que los magistrados toman estas decisiones.
En la provincia de Buenos Aires, su actual Código Procesal Penal impide las excarcelaciones en casos puntuales:
- Cuando existe peligro de fuga, que es cuando el juez de Garantías estima que, por las constancias de la causa y las condiciones personales del acusado este pueda escapar del proceso, y por
- entorpecimiento u obstaculización de la investigación.
Hay otras circunstancias que imposibilitan a los magistrados un pronunciamiento favorable al instante de decidirse por la liberación judicial, como la portación y tenencia de armas al momento de la comisión del hecho o detención.
Lo cierto es que en la sociedad argentina se ha instalado un debate entre el derecho a la seguridad ciudadana y las garantías procesales del imputado, conocido en forma muy general y liviana como "garantismo", palabra que ya se torna en adjetivo -y no muy preciado-, cuando en realidad las garantías constitucionales nos alcanzan a todos. No necesariamente son principios contradictorios y excluyentes entre si. La seguridad se alcanza con políticas públicas preventivas y el derecho penal actúa con el hecho consumado.
Si bien es cierto que ha habido casos de reincidentes que cometen delitos beneficiados por la excarcelación, también es responsabilidad estatal el seguimiento de esas personas a través de un patronato de liberados eficiente.
Muchas veces resulta incomprensible la decisión judicial de otorgar la libertad a personas reincidentes de delitos graves, pero esto no implica que no sea legalmente correcta.
La provincia de Buenos Aires en materia penal, durante los últimos catorce años, a través de más de una veintena de reformas, fue utilizada como mecanismo de respuesta a la inseguridad desde el discurso.
Y a través del mismo se ubicó al Poder Judicial como responsable de la inseguridad.
La falta de información general de la sociedad acerca de los procesos institucionales, el uso mediático de casos impactantes y la lentitud de la justicia son todos aportes para encender la indignación social. Estas políticas, aplicadas ante hechos como el que nos ocupa, son fruto de la propia decisión popular.
Ese es el sistema democrático que nos une como sociedad y que también nos divide.
