El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó duramente el accionar de la institución en el megaoperativo ejecutado entre la noche del sábado 2 y la mañana del domingo 3 de mayo.
Mientras la ciudad se alistaba para las prácticas nocturnas del fin de semana y el deporte ocupaba las mayores expectativas con la "pelea del siglo" (Pacquiao vs Mayweather), el superclásico Boca-River y la posibilidad de que el local Belgrano pudiera alcanzar la cima del campeonato mayor de AFA, la policía llevó a cabo un operativo de proporciones gigantescas.
1500 policías, incluido el grupo especial de asalto ETER, ejecutaron un megaoperativo en 12 barrios de la ciudad. Hubo cientos de detenidos, muchos de ellos menores.
"En Córdoba se disfrazó de operativo policial contra el delito a una verdadera razzia - sostuvo la entidad. Asimismo aseguró que - "Tuvo por objetivo discriminar y abusar de cientos de ciudadanos cordobeses…" -agregando- "…En su mayoría jóvenes de barrios populares a quienes se detuvo sin motivo alguno…" para concluir sosteniendo que hubo "…prácticas vejatorias no sólo al momento de las detenciones y allanamientos, sino también dentro de los lugares de encierro".
En el comunicado policial se anunció la detención de muchos sujetos con pedido de captura y el secuestro de objetos de dudosa procedencia. El Jefe de Policía: Julio César Suárez declaró "Estar contento" con el operativo pues se "hacen ocupaciones" de "barrios difíciles."
El fiscal Federal Enrique Senestrari, desde una red social, se sumó a las críticas y preguntó por las órdenes judiciales de allanamiento. El Jefe de Policía sostuvo que no hubo allanamiento y que todos fueron operativos callejeros aunque entre los elementos secuestrados hubo numerosos electrodomésticos: secarropas, hornos microondas, televisores, etc. También se mostraron ciclomotores y automóviles
El legislador Raúl Birri (socialismo) anunció que solicitará que la legislatura interpele al jefe de la policía.
"Al gobierno provincial no le interesa la prevención del delito, ni la resolución de los conflictos sociales…" - Sostiene el Observatorio de DDHH de la UNC -"…Solo busca acallar una legítima demanda de seguridad mediante la utilización de prácticas inconstitucionales, selectivas y estigmatizantes…". Y añade: "…En nada contribuyen a la construcción de una sociedad más pacífica."


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