Mucho se ha dicho, contradicho, y -quizá- omitido acerca de todo lo que rodea a la muerte de Alberto Nisman. Y cada quien, de acuerdo en la vereda que esté posicionado, refuta o ensalza la investigación que hiciera el malogrado fiscal, a su colega -la fiscal Viviana Fein- a cargo de esclarecer su deceso, al papel de los servicios de inteligencia, al gobierno, a la justicia, y así podemos seguir hasta el infinito.

Muchos han aprovechado políticamente y con suerte diversa tan lamentable suceso. Esto fue observado por la Amia, la Daia y hasta por la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que pidió no politizar esta tragedia, a la vez que señaló que la desmedida mediatización que está teniendo el caso "contribuye a alejarnos de la verdad".

Anuncios
Anuncios

Mientras tanto, sigue avanzando la organización de la marcha del silencio para el 18 de febrero, con adhesiones, rechazos y muchos interrogantes.

El grupo de fiscales a cargo de esta convocatoria está integrado por José María Campagnoli, Guillermo Marijuan, Germán Moldes, Raúl Pleé, Carlos Rívolo, Ricardo Sáenz y Carlos Stornelli. En el pasado, el accionar de algunos de ellos ha sido duramente cuestionado.

En 2013, Pleé y Moldes fueron apuntados por el CELS y por la asociación de familiares y sobrevivientes al ataque contra la Amia, por dilatar la acusación contra los imputados de encubrimiento en la causa por la voladura de la mutual judía.

Marijuan fue acusado por diversos organismos de DDHH de "mal desempeño" y de poner en riesgo la marcha de los juicios contra crímenes de lesa humanidad, al arremeter contra la designación de fiscales destinados a tal fin.

Anuncios

Sáenz, por su parte, expresó en 2003 la "constitucionalidad" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, favoreciendo a Cristino Nicolaides, ex jefe del Ejército durante la última dictadura, involucrado en asesinatos y torturas. Asimismo, forma parte del Certal (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina), al igual que algunos miembros del Grupo Clarín. Dicho organismo fue eje de un escándalo monumental cuando, en 2012, le pagó un viaje a Miami a fiscales y a jueces, uno de los cuales -específicamente Francisco Horacio de las Carreras- debía dictaminar la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, que casualmente afecta los intereses de ese multimedios.

José María Campagnoli fue suspendido por duplicar una investigación sobre Lázaro Báez que ya se tramitaba por la justicia federal, y denunciado de haber manipulado uno de sus dictámenes, con la asistencia de abogados del grupo Clarín.

Anuncios

Pero probablemente el denominador común de todos ellos es su resistencia tenaz a cualquier intento de democratización del sistema judicial y de socavar la gestión de Alejandra Gils Garbó -uno de los proyectos de la Procuradora General de la Nación más repelido fue el que proponía que los fiscales comenzaran a pagar el impuesto a las ganancias-.

Gils Garbó, junto con un conjunto de jueces y fiscales, componen la asociación Justicia Legítima, cuyos objetivos son -de acuerdo a lo que informa desde su sitio web- entre otros, lograr la transparencia y promover un sistema judicial independiente y pluralista.

En otro orden de cosas, la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal para el año 2016, prevé que serán los fiscales los encargados de impulsar los procesos, no los jueces como ocurre actualmente. Por este motivo, habrá nuevos nombramientos y se ampliarán las partidas presupuestarias.

¿Es dable pensar, tomando todos estos elementos, que con esta marcha no se oculten otras intenciones, como la de armar un escenario propicio para actuar corporativamente en la futura estructura y así ejercer presión en el Ministerio Público Fiscal?

El tiempo dirá si la finalidad altruista de la convocatoria fue real o se trató de otra mascarada. #Argentina