Si existe una organización dentro de la economía de mercado que reconozca la dirección de los trabajadores, la participación en las ganancias y los derechos sociales por sobre los comerciales, esta organización fue y es la cooperativa. Según la Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1995, define:

"Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada".

Así las cosas, vemos que en realidad en el municipio esta forma de cooperativismo no existe. Tras la fachada de "cooperativas de Trabajo" se esconde un trabajo en negro atroz, una precarización y tercerización laboral extrema y un manejo punteril poca veces visto en el accionar del Estado en su dependencia municipal.

En primer lugar debemos decir que las cooperativas municipales no son dirigidas ni organizadas por trabajadores, sino por el mismo municipio, que tiene como brazo ejecutor de cada una a una serie de "coordinadores". Desde ya no existe ninguna participación en las ganancias y los trabajadores trabajan mediante contratos basura de tres meses.

No existen balances anuales; hay un salario fijo, determinado por los empleadores, y los cooperativistas no conocen las cuentas de la empresa.

La mayoría de los trabajadores ni siquiera conoce al presidente que debería haber votado (si fuera una verdadera cooperativa) y, en muchos casos, tampoco saben el nombre de la cooperativa de la que "son parte". Actualmente se desempeñan más de 3500 trabajadores municipales y la mitad de ellos están "mensualizados". Estos cuentan "con una figura de planta temporaria", no tienen ART, ni disponen de condiciones dignas de trabajo.

No les reconocen antigüedad, ni tienen vacaciones pagas, ni aguinaldo; carecen de cobertura médica, de previsión social y no están cubiertos por ninguna aseguradora de riesgos de trabajo. Trabajan en condiciones de extrema precariedad.

Otro punto a destacar es el manejo y el rédito político que tienen las "cooperativas".

A los trabajadores muchas veces se los obliga o "induce" a participar en actos del intendente y del municipio, la mayoría partidarios. Ejercen así la coerción sobre una masa maleable de trabajadores que se encuentran en la desesperante situación de ir a un acto o perder el trabajo, por más explotador y precarizador que sea. Marchan así cientos de personas por las filas municipales esperando tener una mejor "suerte" y desertar cuanto antes.

A modo de síntesis

Como hemos visto, los derechos de los trabajadores municipales son vulnerados y no por una empresa privada, que no sería ninguna novedad, sino por el mismo Estado en su carácter local, municipal. Este régimen de precarización laboral es posible gracias a un entramado de falsas cooperativas que encontraron un vacío regulatorio, ya que no son cooperativas propiamente dichas.

Es necesario que el Estado, en su dependencia nacional y sobre todo provincial, se encargue de un mayor control sobre esta situación, ya que, además de ser una situación alarmante, se viola la ley de cooperativas a rajatabla.

Por esto caracterizamos a las cooperativas municipales como falsas cooperativas; más bien son centros de trabajo precario en negro, un engranaje más de una conducción municipal que arrastra fallas importantes, insalvables, decenas de muertos por inundaciones, trabajadores superexplotados, etc.

Una triste realidad de nuestra querida ciudad.