Fue finalmente aprobado el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Éste trae importantes modificaciones en los procesos penales que buscan prioritariamente agilizar los procesos e introducir importantes avances tecnológicos en la producción de las pruebas y el desarrollo del juicio. Su implementación será paulatina y será puesto en vigencia el 1° de marzo de 2016. Lograron llegar a un acuerdo los miembros oficialistas y la oposición respecto a la Comisión que llevará adelante su implementación, a la discrecionalidad con que los fiscales puedan descartar un caso, pero la oposición no quedó conforme con los poderes otorgados a la Procuraduría de la Nación a cargo de Gils Carbó.

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Es importante resaltar que este código es para el ámbito de la Nación que tendrá aplicación en la Ciudad de Buenos Aires y los delitos federales. Las provincias deben adecuar su propia legislación con los procedimientos que corresponden.

En forma general los puntos centrales del nuevo Código son:

-Se pasa de un sistema que se denominaba inquisitivo donde el juez de instrucción dirigía la investigación y tomaba las decisiones a uno acusatorio donde son los fiscales los que llevan adelante toda la investigación y la responsabilidad. El juez resolverá en base al caso que el fiscal le presente y controlará la legalidad del proceso.

-Se busca dar agilidad a los procesos por lo cual la investigación preliminar, luego de una denuncia, no podrá durar más de un año. Luego la preparación del juicio y el juicio en sí no podrán excederse de los tres años.

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En los casos de flagrancia –donde se encuentra al acusado cometiendo el hecho y toda la prueba- los juicios deben ser inmediatos.

-El extranjero que cometa delitos podrá ser expulsado del país -siempre que no afecte la reunificación familiar-, por quince años. Éste fue uno de los puntos de mayor controversia. Si tuviera residencia en el país, familia, trabajo y otros requisitos puede solicitar la suspensión de juicio a prueba. En todos los casos la víctima debe aceptar por escrito esa decisión.

-Todas las decisiones durante cualquiera de las etapas serán orales, con sentencia en ese mismo momento, ya sea un pedido de excarcelación, una producción de prueba especial o un recurso de apelación. Esto es un cambio muy favorable ya que le da celeridad al proceso, control social, información ya que con el método escrito no todas las partes afectadas tienen conocimiento y fundamentalmente se da más participación a la víctima, que ya no se presenta sólo como querellante, sino que pasa a ser una parte activa en el proceso.

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-Se prevé el registro audiovisual para cualquier producción de prueba, declaraciones o testimonios por videoconferencia.

-Cuando estén involucrados en un proceso penal miembros de pueblos originarios, queda estipulado se respeten sus costumbres.

-Se procurará la existencia de fiscalías especializadas, esto es fiscales que sean versados en homicidios, en drogas, en robos y hurtos entre otros ejemplos.

-Se regularán las mediaciones penales para la resolución entre víctima y victimario de los delitos que puedan ser concluidos de esta manera. En algunas jurisdicciones ya se realizan exitosamente en casos de daños, amenazas, estafas y defraudaciones.

-En cuanto a la excarcelación se tendrá en cuenta como ahora el peligro de fuga o la posibilidad que entorpezca la investigación, como así también las circunstancias especiales del hecho, el impacto social que causó, la reincidencia del autor entre otros.

-Se creará una oficina judicial para las resoluciones administrativas como funcionamiento de las salas, o cuestiones del personal así como las notificaciones judiciales para no entorpecer a los fiscales o al juez que deben ocuparse plenamente de los procesos en sí.

-Se impondrán sanciones para los jueces y fiscales que no cumplan con los plazos estipulados para la finalización de los procesos penales. #Legalización #Congreso de la Nación