Aquel 10 de junio de 1956 se cumplían 24 horas desde el levantamiento cívico militar contra la dictadura del General Pedro Antonio Aramburu. El dictador había derrocado al gobierno dirigido por Juan Domingo Perón un año antes y no estaba dispuesto a tolerar ninguna rebelión ni alzamiento por parte de ningún grupo que pudiese amenazar con desviarlo de "su misión" de empezar a "poner orden" en el país mediante su puño de hierro.
Pero a pesar de estas intenciones, todo lo que se toma por la fuerza suele tener consecuencias, y Aramburu las tuvo el 10 de junio, cuando una rebelión cívico militar de entre 200 y 500 personas amenazó los planes del régimen.
Los alzados -por lo menos los militares- estaban dirigidos por el general Juan José Valle, quien caería por las balas del fusilamiento junto a, por lo menos, 27 personas más en las distintas fases de la brutal represión. Aramburu debía sentar un precedente y lanzar una clara advertencia a futuros intentos de rebelión, y de hecho, actuó en consecuencia, emprendiendo una auténtica "Operación Masacre", tal como el periodista y escritor Rodolfo Walsh titularía su libro basado en estos sucesos negros de la historia Argentina.
El mismo día de la revolución de Valle, Aramburu se apresuró en firmar los decretos 10362 y 10363, que definían la Ley Marcial en sus distintas tipologías, un hecho sin precedentes y a la vez insólito en la historia nacional.
¿Por qué insólito?; nada menos que porque un tribunal, también militar, presidido por el general Juan Carlos Lorio, sentenció tras un juicio sumarísimo, que los sublevados no debían ser fusilados, puesto que la Ley Marcial se había "oficializado" con posterioridad al levantamiento. Ante la persistente intención de ejecutar opositores por parte de Aramburu, Lorio no tiene otra opción de solicitarle que lo exprese por escrito y lo firme, trámite que no costó demasiado, ni a la mano, ni a la conciencia del dictador.
Como no podía ser de otra forma, esa firma se tradujo en el fusilamiento de 12 personas presuntamente relacionadas con el levantamiento en la comisaría de José León Suárez, mientras que otro centro de aniquilación estrenado por los correligionarios del "todopoderoso" Aramburu, fue la comisaría de Lanús. En esta última cayeron el teniente coronel José Albino Yrigoyen y el capitán Jorge Miguel Costales, así como los civiles Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros y Osvaldo Alberto Albedro, vecinos de Quilmes. La comisaría de La Plata fue el patíbulo de Carlos Irigoyen, Ramón R. Videla y Rolando Zanetta.
El alzamiento del 10 de junio hizo que la sangre llegara al río en un contexto político y social convulso en el país, y de esta forma se inició el período más infame de la historia nacional. El mismo se extendería con distintas intensidades de violencia durante más de 25 años.
