Macri antes de volver a descansar a la Patagonia, dejó publicados otros dos DNU. Detuvo la aplicación del nuevo Código Procesal de la Nación y no entrará a regir en marzo; en tanto, la Corte Suprema tendrá bajo su órbita las escuchas telefónicas que dependían del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

El Decreto 257/2015 ignora la Ley N° 27.063 de reformulación del Código y su puesta en marcha a partir de marzo/2016, que fue aprobada por el Congreso. Argumenta que no se reúnen las condiciones básicas para asegurar su lanzamiento en la fecha programada y que actualmente colocaría en grave riesgo a la administración de la Justicia.

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La ley indica su vigencia en marzo de acuerdo “al cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció a la prensa que la coordinación con la Bicameral y diagramación llevará varios años.

Respecto a las escuchas, los fiscales pierden poder “por falta de lógica”, sostuvo Garavano. El DNU justifica que los jueces sean los únicos que las autoricen. Asimismo, remarcó que Gils Carbó debe renunciar.

Según el ministro los fiscales ejercieron un protagonismo excesivo y corresponde que no cumplan esa tarea. El decreto 256/15 transfiere presupuesto y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema, que dictará su funcionamiento.

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El área la conducirá un juez penal con rango de Juez de Cámara.

Designación ilegítima del Pro en el Consejo de la Magistratura. Dictan medida cautelar. Una denuncia penal al presidente de la cámara baja, Emilio Monzó, fue presentada por el bloque de diputados del FPV, por impedir la designación del diputado Marcos Cleri en ese Consejo. Al FPV-PJ le corresponde su nombramiento por ser mayoría, y las normas del órgano -que es multisectorial- establecen que la confirmación en el cargo es automática (basta el envío del pliego que Monzó no elevó).

En lugar de Cleri, el Pro pretendió colocar a su diputado Pablo Tonelli, que no representa a la minoría, con el apoyo de 110 legisladores de la UCR, la Coalición Cívica, el PJ pampeano, el interbloque Juntos por Argentina, el FCS catamarqueño, Progresistas de Stolbizer, Victoria Donda (Libres del Sur) y Partido Socialista.

También legisladores del Movimiento Popular Neuquino, Compromiso Federal de los Rodríguez Saá y el misionero Alex Ziegler. Pero la jueza federal subrogante de La Pampa, Iara Silvestre, dictó una medida cautelar que frenó su asunción.

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La denuncia contra Monzó es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que por derecho la representación en el Consejo de Cleri se extiende hasta noviembre de 2018, al haber sido el FPV-PJ quien se impuso en las elecciones de 2015 como primera mayoría de Diputados.

La labor de Cleri es controlar la designación y remoción de jueces de la Nación, lo cual justamente molesta al oficialismo. Monzo adulteró un documento público al incluir avales de diputados que no prestaron su conformidad ni firma. El FPV-PJ ganó 95 bancas, el Pro 41 y junto con la UCR y CC no llegó a primera minoría, al sumar en total 85. #Gobierno #Mauricio Macri