El presidente Mauricio Macri llevará un paquete de leyes anticorrupción al Congreso, dentro de las cuales está la adeudada ley de acceso a la información pública. Esta ley incluiría la publicación de información mínima en Internet de los tres poderes, para que cualquier ciudadano pueda consultarla. Pero en un avance profundo, se mejoraría la resolución de los petitorios que realice cualquier ciudadano para acceder a determinada información sin inconvenientes. Lo que hoy en día no se cumple debido a los grises del decreto 1172/2003.

Cabe recordar que el primer intento por aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública fue en el 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto de ley en el que participaron diferentes ONG, así como periodistas y funcionarios.

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El proyecto fue enviado al #Congreso por el ex presidente Eduardo Duhalde en el año 2002 y se aprobó en la Cámara baja en 2003. Un año después fue enviado al Senado y se aprobó con una revisión, por lo que fue enviado nuevamente a Diputados. Finalmente, por las disidencias entre oficialismo y oposición, la ley no fue aprobada y perdió estado parlamentario en 2006.

Aunque la ley no pudo aprobarse, el ex presidente Néstor Kirchner aprobó el decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública en diciembre de 2003. El mismo permite solicitar información al Ejecutivo y a las instituciones que de éste dependen. Pero la ley siguió pendiente, por lo que en 2010 el Senado volvió a tratar el tema. La Cámara alta dio media sanción a un proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. No obstante, cuando fue girado a Diputados, no fue aprobado antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

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El acceso a la información en el mundo

Actualmente más de 90 países tienen leyes de acceso a la información, entre ellos Chile, Uruguay y Perú, por ejemplo. En Argentina, además del decreto 1172/2003, la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Tierra del Fuego, poseen normativas propias con respecto al acceso a la información.

Según el ránking “Indice de Gobierno Abierto 2015”, elaborado por la organización Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project, en inglés), Argentina ocupa el puesto 44° en el mundo y séptimo a nivel regional en lo que refiere a “apertura de gobierno”. Dicho índice se basa en el análisis de situaciones, por ejemplo, si las personas pueden recibir información pública cuando lo piden. De los datos arrojados se dedujo que sólo el 21 por ciento de los hogares sabe que puede hacer pedidos de información pública al Gobierno y que sólo el 6 por ciento las realizó. De estos últimos se supo que el 36 por ciento afirmó estar “insatisfecho” con los datos que recibió.