La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, compareció en los tribunales de Comodoro Py ante el juez, Claudio Bonadio, quien estudia una causa contra la exmandataria en relación a la influencia que la exgobernante habría tenido en el dólar futuro, que ocasionó pérdidas de aproximadamente 4,000 millones de dólares, para la nación Argentina, caso por el cual también fueron citados previamente, el exministro de economía, Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central de la República Argentina , Alejandro Vanoli.
Pese a que el Banco Central de la República Argentina es de carácter autónomo, el juez ordenó la citación de los otros dos exfuncionarios, al considerar que pudieron influenciar en la decisión de las políticas implementadas por Vanoli, quien se defiende principalmente en que el nuevo gobierno provocó estas millonarias pérdidas al devaluar la moneda.
Sin embargo el principal argumento de Vanoli también le juega en contra, ya que llevo a cabo estas medidas bajo un escenario de incertidumbre política, debido a que se realizaron durante la campaña electoral, específicamente cuando el candidato del Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, iba a la cabeza en las encuestas y había prometido no devaluar el peso argentino.
Durante su comparecencia, que duro menos de una hora, la exjefa de estado recuso al magistrado por "enemistad manifiesta", explicando que ella pidió previamente un juicio político contra Claudio Bonadio y mostro como antecedentes que el magistrado fue apartado del caso Hostesur, al ser considerado "parcial" y la denuncia hecha por diez diputados Kirchneristas, por su desempeño en el caso de dólar futuro.
La exfuncionaria desarrollo su defensa con la presentación de un escrito de siete páginas, en que explicaba que en su gestión se buscó la protección de la moneda, debido a que su devaluación ocasionaría hechos como los "tarifazos", que actualmente aquejan a buena parte de la población. Ademásse opuso a ser interrogada, mecanismo utilizado días atrás por el empresario vinculado a la familia Kirchner, Lázaro Báez, en el que además de justificar su inocencia, aseguraba que al igual que otras figuras de la historia de Argentina, ella se está convirtiendo en una perseguida política.
A juicio de la exmandataria, durante la historia nacional los líderes de importantes movimientos populares fueron acusados siempre por delitos como corrupción, entre otros, con el fin de eliminar "los derechos conseguidos para la sociedad", durante sus gestiones.
Según el escrito, el primero de ellos fue el expresidente radicalista, Hipólito Yrigoyén, quien fue derrocado en 1930 y posteriormente encarcelado, una situación muy similar a la que tuvo que enfrentarse el exgobernante, Juan Domingo Perón, quién permaneció en el exilo durante 18 años.
Asimismo la exjefa de estado criticó el accionar del poder judicial, considerando que es participe de este tipo de procesos en su contra, al igual que cuando dio el aval al golpe de estado contraHipólito Yrigoyén o Juan Domingo Perón, figura que incluso llego a ser prohibida por los regímenes militares en Argentina.
