“Se busca, vivo o muerto”. Bien podría tratarse de una película del Lejano Oeste, donde bandidos y pistoleros pisan con fuerza, haciendo que salte el polvo del piso, marcando a cada paso su destino. Pero en este caso, no se trata de una ficción sino del sistema implementado por el gobierno argentino para dar con el paradero de personas desaparecidas y de prófugos de la Justicia.

El sistema de recompensas de nacional está contemplado en la Ley 26.538, a partir de la cual se creó el Fondo Permanente de Recompensas. Dicho fondo, establece un sistema de compensación. Este mecanismo sirve para brindar una compensación dineraria a aquellas personas que sin haber intervenido en el delito, puedan aportar datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, secuestro extorsivo, sustracción de menores, violación y robo a entidades bancarias o en el encubrimiento de éstos.

El monto de la recompensa oscila entre los 100 mil y 150 mil pesos y depende del “mérito” y la “relevancia” de la información aportada. Aunque en algunos casos, la cifra es mayor. Por ejemplo, para dar con el paradero de María Cash, la joven que desapareció en julio de 2011, se fijó una recompensa de 700 mil pesos. Si bien la compensación económica se incrementó, ningún dato aportado, fue relevante y al día de hoy Cash sigue desaparecida.

Según lo expresó la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la recompensa es una herramienta fundamental. Así lo hizo saber, al hablar del caso de Claudio “El Mono” Minnicelli, quien tras pasar 9 meses prófugo, fue detenido días atrás por las autoridades argentinas gracias al sistema de recompensas.

Según la ministra, la captura "no fue fortuita", sino que fue la consecuencia de "una decisión del Estado muy clara de invertir dinero" para "ofrecer una recompensa".

Para dar con el paradero de Minnicelli, se decidió establecer una recompensa de $ 250 mil. Es decir que, se decidió incrementar el monto usualmente estipulado ya que tal como lo explicó Bullrich, "no fue un prófugo normal" y estaba en la lista de los 10 hombres más buscados del país. Tras difundirse la noticia de la recompensa, una persona se presentó en la comisaría para reclamar la compensación a cambio de la información sobre el paradero de “El Mono”.

En declaraciones a la prensa tras el operativo, la ministra explicó: "Tenemos la alegría de decirle a la ciudadanía que en nuestro Gobierno se terminó la impunidad y (a los prófugos) los buscamos uno por uno".

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, explicó: "Cuando nosotros decidimos poner recompensa lo que hacemos es poner en evidencia más los temas, no es solamente el dinero que se ofrece sino que esto nos permite hacer un repaso, volverlo a colocar el tema en los medios" y retomó la idea de Bullrich al decir: "Este es un gobierno en el que se acabaron los protegidos, se acabó la impunidad".

Los dichos de la ministra y de Ritondo dejan entrever que detrás del pago por información, se encuentra la ambición de un gobierno de cumplir con sus palabras.

Especialmente, cuando faltaba poco tiempo para que se llevaran a cabo las primeras elecciones a las que se enfrentó el oficialismo desde que llegó al poder en diciembre de 2015. Entonces uno bien podría preguntarse, si realmente era necesario destinar esa cantidad de dinero para dar con el paradero de “el Mono” Minnicelli o si se trató más bien de la ambición del gobierno de atraparlo.

Quizás se podrían haber destinado más recursos a la investigación, antes de establecer una recompensa que fue más alta que de lo normal. Según los testimonios, el prófugo paseaba por las calles sin problemas y hasta compartía momentos con los vecinos. Lo que significa que Minnicelli no se sintió intimidado por su búsqueda, es decir que la misma no fue lo suficientemente profunda como para detener al acusado.

La pregunta que queda sin responder, es entonces, si no se podría haber hecho algo más, antes que regalarle plata a una persona que aprovechó la recompensa, para contar que el prófugo vivía en total libertad.