Hace algunos meses, la Unión Europea (UE) comenzó un largo debate sobre la posible prohibición del glifosato, el herbicida más utilizado a nivel mundial. Una ronda de discusiones que generó un gran impacto no sólo entre los Estados europeos, sino también fuera del continente. Lo que podría haber sido un trámite, se convirtió en una odisea de varios meses, que terminó afectando la reputación de la UE con respecto a su capacidad de tomar decisiones. Lo cierto es que el debate acaparó la atención internacional y Argentina siguió de cerca las sesiones, con temor a tener que rever toda su política agrícola.

Un estudio publicado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un organismo de la Organización Mundial de la Salud, despertó la alarma al calificar al glifosato como posiblemente cancerígeno.

A partir de ese momento, comenzaron las largas rondas de debate sobre el futuro del herbicida en la Unión Europea, lo que generó un gran revuelo internacional. En Argentina, las acusaciones también tomaron un rol importante y se empezó a hablar no sólo de lazos entre el herbicida y el cáncer, sino que se nombraron además otras graves consecuencias como las malformaciones congénitas.

La posible prohibición del glifosato, superó fronteras y se convirtió rápidamente en un tema de agenda. El argumento central utilizado en la campaña en contra del glifosato, fue aquel presentado por la IARC. Las especulaciones, se convirtieron en el caballito de batalla de los grupos de presión que buscaban generar ruido, aún sin tener nada concreto. Aunque un giro inesperado, los dejó sin argumento.

Una investigación llevada a cabo por la agencia de noticias Reuters, demostró que en verdad, el estudio realizado por la IARC había sido editado.

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Es decir, que el organismo dependiente de la OMS había eliminado de la versión final del informe, toda aquella evidencia que demostraba que no existía ninguna conexión entre el glifosato y el cáncer. Lo cierto es que un sólo estudio editado y sin sustento científico, logró poner en duda la seguridad de un herbicida mundialmente utilizado desde hace años.

Finalmente, la Unión Europea decidió priorizar la evidencia científica por sobre las especulaciones y extender la utilización del herbicida. Lo que resulta lógico, ya que organizaciones prestigiosas como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otras, presentaron evidencia científica que demostraba que no hay ninguna relación entre el glifosato y el cáncer. A ese mismo resultado llegó la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, a través de la incorporación de más de 1.500 estudios científicos sobre el herbicida.

Lo concreto es que para la Argentina la prohibición del herbicida en la UE, hubiese resultado dramática.

Especialistas estimaban pérdidas de hasta 16.800 millones de dólares ya que la restricción hubiese abarcado también a la importación de alimentos extranjeros cultivados con glifosato. Por lo que los productores extranjeros hubiesen tenido que rever sus políticas para poder mantener el comercio con la UE, un mercado fundamental para las exportaciones argentinas del sector agrícola. Según el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Pedro Vigneau, la UE representa el principal destino de las exportaciones de harina de soja de nuestro país.

Lo cierto es que si la UE se hubiese basado únicamente en un estudio manipulado y no hubiese considerado la evidencia científica, hubiese creado un precedente para que el resto hiciera lo mismo a la hora de legislar. Lo que también hubiera afectado al sector agricultor argentino. Pero la decisión ya está tomada y es la de extender el uso del glifosato. Es decir, que no existe ninguna prueba científica que demuestre un nexo entre el herbicida y el cáncer o las malformaciones congénitas.

Si bien la situación en el Viejo Continente ya está resuelta, en Argentina el debate continúa. Es por eso que ahora el gobierno argentino, deberá demostrar si prefiere legislar con evidencia científica en mano, o con mitos.