El Gobierno de la Provincia de Córdoba había dispuesto la demolición del antigüo establecimiento presidiario de San Martín o 'ex unidad penitenciaria Nº 1(UP1)', en su lugar realizarían un proyecto de urbanización, conservando el valor histórico e institucional. A los efectos, durante el mes de marzo se había realizado el trasladado de todos los presos.
No obstante, Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal Nº3 de Córdoba, dictaminó la orden de no avanzar con las innovaciones establecidas por el Gobierno provincial. El motivo de la refutación es que en el penal se produjeron violaciones de los derechos humanos, durante la última dictadura militar Argentina - 1976/1983-, con lo cual aún se están llevando a cabo las inspecciones pertinentes para los juicios venideros.
En este sentido, Vaca Narvaja explicó que 'Tanto en este juzgado como en la Fiscalía Nº3 de Graciela López de Filoñuk hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes'.
Desde el Juzgado, no han hecho referencia a los plazos dentro de los cuales podrán habilitar la demolición de la ex cárcel, estiman que la autorización podría demorar desde uno a tres años. Si bien los jueces ya han efectuado pesquisas y reconocimientos del lugar, deben preservarlo en función de 'las garantías procesales que existen' y, por las 'nuevas inspecciones' que deberán realizar en los próximos juicios, según indicó Vaca Narvaja.
Apelación de la medida
Por parte de la Provincia, el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, notificó que apelarán la decisión del Juez, y ratificó la concreción del proyecto de parquización urbana, que incluirá dos museos. Asimismo, señaló que las nuevas edificaciones respetarán 'la memoria' de lo acontecido en el penal durante las diferentes épocas históricas, en particular la del período dictatorial Argentino.
Cabe destacar que Miguel Baronetto, querellante en la causa UP1 y ex preso político, llevó a cabo una solicitud para que no avancen con el proceso de desmoronamiento del presidio.
En la petición escrita, Baronetto expresa que 'ha podido verificar que se habrían iniciado las tareas de demolición', según le habrían informado algunos vecinos de barrio San Martín, y que, tras el aviso, habría podido corroborarlo personalmente desde el exterior de 'los muros perimetrales'.
En efecto, Baronetto señala en su escrito que 'el día 7 de mayo pasado en horas de la tarde - pudo constatar- desde calle Colombres, el desmantelamiento de los techos de las instalaciones de los talleres, conocidas como industria, ubicadas a los fondos el penal'.
El Juez Vaca Narvaja, por su parte, si bien no ha comprobado las premisas de Baronetto, ordenó preservar el edificio de la antigüa Penitenciaría.
