Un extraño suceso ocurrido en el día miércoles se instaló enla agenda mediática, como parte de la pelea entre el Gobierno Nacional y elGobierno de Córdoba. Es decir, entre la actual mandataria presidencial y el gobernador José Manuel de la Sota, hoy pre-candidato a presidente por el frente UNA. Todo comenzó a comienzos del día. El ministerio de agua,ambiente y energía de la provincia de Córdoba había ordenado la clausura de laestación de servicios más grande del país.

12 horas después, el propio gobiernocordobés anunció el levantamiento del cierre.

Se trata de un sectorde descanso automovilista instalado adentro de la autopista Córdoba-Rosario,ubicado en el kilómetro 448. Está ubicada en la localidad de Leones. Es el másgrande de su tipo. Las obras estuvieron a cargo de la empresa petrolífera YacimientosPetrolíferos Fiscales (YPF), con financiamiento de la Secretaría nacional deObras Públicas en materia de infraestructura vial.

Según YPF, ocupa un espacio de 16.000 metros cuadrados, constade un estacionamiento para 250 vehículos, una tienda de ventas que permite unespacio para más de 170 personas y un total de 50 empleados para realizardistintos trabajos.

La inauguración del mismo fue hecha por la presidentaCristina Fernández de Kirchner hace un par de días atrás. Dos días después, el ministro deCórdoba, Fabián López, ordenó la clausura ya que asevera que no cuentan con laaprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Pero en cuestión de horas, todo cambio. “La compañía (YPF)presentó todos los trámites que se encontraban pendientes, adaptándose a lasexigencias de la autoridad de aplicación”, señala el parte de prensa de laPolicía Ambiental de Córdoba, quienes ya confirmaron que por ese motivo ya “selevantó el cierre preventivo y precautorio de la nueva área de servicios sobreAU Córdoba-Rosario, ubicada en la localidad de Leones”.

El emprendimiento ha sido cuestionado por ingenieros ymedios de comunicación desde hace un par de años. Entre ellas, se señala que viola la Ley de Seguridad Vial, por lo que se trataría de una obra ilegal, ya que no garantiza mínimos requerimientos para evitar cualquier peligro para los vehículos en movimiento. La obra tuvo un costó total de 300 millones de pesos, pero el trabajo de construcción todavía no está terminado.

Antenas TDA

Hace dos años atrás, el gobierno provincial había ordenadoel cierre de tres antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) -buciadas en Villa María, leones y Río Cuarto- porqueaseveraban que no contaban con estudios de impacto ambiental aprobados.Distintas entidades denunciaban esa decisión como acto de censura, debido a quese trata de un sistema de televisión que está a cargo del Estado Nacional.

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