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La minería es una actividad económica primaria, que la humanidad produce desde hace más de 5000 años. Dentro de los elementos que la roca ofrece, los metales preciosos como el oro y la plata. o metales de uso industrial como el cobre, el estaño, el hierro o el carbón mineral, son fuentes productivas para la maquinaria industrial capitalista que desde el siglo XVIII y XIX, con la revolución tecnológica, abrió nuevos valores para estas sociedades. Esto incrementó la cantidad de unidades producidas, a costa de la vida misma de los trabajadores, sin mediar estado o ley que hicieran respetar la salud y las condiciones laborales de los obreros, desde los que estaban en las minas hasta los que desarrollaban sus actividades en las nacientes y poderosas fábricas urbanas de aquellos días.

Han pasado casi 200 años y si bien el derecho mundial avanzó respecto a las leyes laborales, no ha avanzado respecto de las leyes ecológicas de las comunidades. La economía capitalista armó ejércitos, destruyó países y pueblo enteros. Otros, los menos, resistieron y los problemas del planeta son cada vez mayores.

Por atraer inversiones, los gobiernos neoliberales de los países tercermundistas o en vías de desarrollo, permitieron el ingreso de capitales espúreos, que extraen toda la riqueza de los suelos, contaminan las napas acuíferas, modifican los paisajes, y luego nos dejan desiertos con gente enferma.

En América Latina, estos casos son muy comunes, como son comunes ya las puebladas y los referendos de comunidades conscientes que, ante las tremendas consecuencias, prefieren buscar soluciones a través de otras actividades que no perjudiquen los ecosistemas.

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Las principales extractoras mineras y contaminadoras voraces son las empresas canadienses, impulsadas por el gobierno neoconservador de Stephen Harper. Con promesas de apoyo político y de apoyo económico, los gobiernos abren las puertas de par en par, sin consultar a nadie y haciendo oídos sordos al desastre que generan.

Empresas como la Barrick Gold Corporation, se dedican a la extracción a cielo abierto, método condenado en la Cumbre de Kyoto en 1989, porque a través de cianuro, separan los metales de la piedra, utilizando gigantescos piletones de agua. De esta manera, el agua que debe ser para cultivos y para el bienestar de los pueblos que viven en torno a la mina, se contamina y se gasta en una actividad que no es de primera urgencia para el mundo, ya que sin agua nadie vive, pero sin oro todos podemos vivir.

En Argentina, las provincias de La Rioja y de Catamarca, han revocado los permisos a las extractoras de oro, mientras que San Juan sí lo permitió.

En Guatemala, varios pueblos negaron la posibilidad a estos verdaderos monstruos.

Sin embargo, las inversiones crecen y los suelos se contaminan.

En Costa Rica en 1996, logró cerrarse una minera y en Cuba, las denuncias contra una empresa del país norteamericano, lograron en 2012, cerrarla sin que la empresa se hiciese cargo de 12 km. contaminados.

La megaminería mató ya a 50 activistas entre fines del 2014 y lo que va del 2015, en las luchas por protestas contra esta verdadera violación a los derechos de los pueblos de Latinoamérica y del mundo.

Dentro de las políticas a profundizar por el kirchnerismo se encuentra este grave problema, que por diversos motivos no ha sido resuelto aún. Esto permite que las empresas extraigan los recursos de nuestro país, a través de acuerdos que sólo benefician a unos pocos, y que perjudican los recursos naturales de las poblaciones. O, como en el caso de la provincia de San Juan, generan soluciones a corto plazo sin observar los efectos que pueden perjudicar en el suelo, los recursos hídricos y la misma salud de la población cuyana.

Cuando las oposiciones latinoamericanas a los gobiernos populares sólo critican las formas y no los problemas que aún se deben solucionar, podemos leer que sus verdaderos intereses se centran en las ganancias propias y no en el bien de los pueblos.