El militarismo que se vino con Macri se ve en hechos concretos: persecución ideológica con servicios de inteligencia montados en Internet, telefonía y la apropiación de datos personales de beneficiarios de la Anses, apenas un inicio porque se expandirá a todas las áreas de registro de argentinos para su vigilancia exhaustiva.Mauricio avanza en la transformación del Poder Judicial (amenaza a fiscales y jueces independientes, exige su renuncia y/o la imposición de denuncias infundadas en su contra para su destitución), y añade una retrógrada reforma laboral.
El juez Rafecas entre otros fue intimidado; el Presidente volverá a adjudicarle a Cristina la responsabilidad de la muerte de Nisman, causa que archivó este magistrado por ausencia total de pruebas. Pero todos los pasos macristas se concatenan con el acuerdo que hizo entre EE.UU. y las FF.AA.Se viene su perpetuación en el poder, tal cual el golpe de Estado de 1976 cuando el empresariado argentino con el Pentágono puso a los militares a gobernar; en esta ocasion, Macri -representante de corporaciones empresariales- los tendrá como sus mejores aliados.
Así llegan: la venta de AA, Ferrocarriles e YPF, el regreso de la jubilación privada, los neo nazis en la Casa Rosada, el plan de bajar los aportes patronales, la disolución de cobertura de accidentes laborales, prohibición de huelgas, más horas de trabajo y menor sueldo con recortes de licencias. En síntesis: el Gobierno insiste que el salario es un gasto, e impulsa la presencia de militares en los barrios, el negocio de los narcos, la represión y el punto final a los derechos humanos.
Bullrich sostiene reuniones con las FF.AA., que aún tienen en actividad a más de 3000 represores y que no se abocarán a combatir el narco; si nos remontamos al acuerdo con EE.UU. de junio pasado, este país “sugirió” que entren de lleno a cumplir tareas policiales de seguridad interna. Por lo pronto, los funcionarios nacionales reciben a familiares de genocidas y los golpistas se integran a actos oficiales.
Agencias estadounidenses aportaron recursos para campañas de acción psicológica y venta de armas “contra el terrorismo”. Cada seis días algún emisario del norte llega a la Argentina, la que ya es socia armamentista “made en USA”. En sintonía, la corporación mediática justifica que los militares asuman la seguridad interior, al difundir hasta el hartazgo corrupción política del gobierno anterior, narcotráfico y policías cómplices.
En tanto, la Justicia “secuaz del Pro” avanzó: en seis meses “regaló” prisión domiciliaria a 467 de 1070 genocidas condenados. La pérdida de la democracia la dictó Macri con el decreto 721, que permite la estadía militar norteamericana en nuestro país y que la milicia argentina no sea controlada civil ni políticamente, otorgándole autonomía. Dio de baja a la fiscalización civil ordenada por Alfonsín.
Las concesiones a las FF.AA. son: injerencia en las fronteras y en las calles del país, acceso a información financiera y satelital argentina con la complicidad de EE.UU, que podrá construir bases, influenciar en leyes de seguridad y hasta en tratamiento de adicciones.
Macri firmó el decreto a pedido del Pentágono y alentado por el empresariado argentino.
Los militares están facultados a realizar contraespionaje y métodos de interrogación (otra vez la tortura) sin intervención de la cartera de Defensa, los Jefes de las FF.AA. pueden iniciar juicios susceptibles de violar derechos humanos.
