Macri se afirma como el Presidente más corrupto del mundo. La Justicia argentina cubre su evasión impositiva y lavado de dinero, sin cuestionar sus 50 offshore que se niega a declarar sitas en 11 paraísos fiscales. Sigue moviendo millones de dólares de sus cuentas bancarias, mientras se esperan gruesos despidos en el Estado, agregándose a los privados que se observan permanentemente.

En tanto, ordenó al BCRA la destrucción de sumarios iniciados por el gobierno anterior que involucran en comprometedores ilícitos económicos a Shell, City Bank y grandes cerealeras.

Los empleados que se ocupan de la investigación serán echados.

El Gabinete nacional denunciado por varios casos de corrupción (negociados de Caputo, Michetti, Ibarra, Lombardi, entre otros muchos otros funcionarios que aun fueron absueltos en diferentes causas con total impunidad) es protegido por los Grupos Clarín y La Nación. La última denuncia contra la empresa brasilera Odebretcht involucra a su primo Angel Calcaterra, socio de la firma, al ministro Aranguren, y al massista ex gobernador de Córdoba de la Sota, pero los tres “coimeros” y receptores de dinero para la campaña política de Cambiemos va rumbo a caer en saco roto.

Con un desenvolvimiento ilegal, Macri desempolvó la causa Nisman para profundizar la persecución política a CFK, desoyendo el fallo del juez Rafecas; viola así la Constitución Nacional, e inclusive los tratados internacionales como en el caso de Milagro Sala.

Por decreto, añadió $122.millones al presupuesto gubernamental encarando simultáneamente la decisión de desprenderse de más empleados estatales; destruirá sobre todo la educación y la salud pública. Con más desempleo en puerta, la Justicia admitió la suba de 375% en facturas de agua en la CABA y 18 municipios bonaerenses.

El panelista de TN, ministro de Hacienda Dujovne, ex gerente del banco Galicia, no impedirá la desocupación y hasta apunta a un corralito encubierto: tomaría dólares de la banca privada para financiar el Tesoro Nacional.

Entre US$ 4.500 millones y US$ 3.500 millones de los ahorristas manejaría el Estado para afrontar con títulos la deuda pública.

Asimismo, desfinanciará el sistema de jubilaciones y pensiones e impondrá una reforma laboral a pedido de los grandes empresarios junto con una reforma impositiva general para atacar el déficit fiscal.

Los 280 mil planes sociales se convertirán en subsidios al empleo privado, irán a las empresas para que se beneficien bajando el costo de los sueldos.

Alentará de este modo la precarización, informalidad y rotación de trabajadores como si fuesen pasantes; desplazará el empleo nacional por importado, sin incentivo a la producción argentina. Seguirá la importación de insumos y bienes de capital.

Eliminó el tope que impedía comprar más de US$ 2.500 por ventanilla al mes pagando con pesos en efectivo. El BCRA avanzará en borrar todos los controles para la compra y venta de divisas. También impuso la eliminación de un plazo mínimo obligatorio de 120 días de permanencia de capitales en el país.

Con un déficit fiscal ascendente, economías cerradas y dificultades para encontrar mercados en el exterior, lo único que logrará es más fuga de capitales que ya en un año creció 118%. Los bancos están transfiriendo dólares a EE.UU. Apenas se invirtieron en el país mil millones y el blanqueo es un fracaso: US$ 97 mil millones permanecen en Estados Unidos, Uruguay y Suiza.