Según trascendió en el portal Torrent Freak, una reciente acción legal de Microsoft ha revelado que la compañía estaría rastreando las IP de quienes utilicen o activen una copia ilegal de Windows. Una demanda presentada en los tribunales de Washington contra el propietario o propietarios de determinado número IP acusa que habrían incurrido en múltiples activaciones fraudulentas de Windows. La empresa reclamaría el reintegro del 300% del precio de venta al público de cada producto activado, además de las costas legales.
Según se lee en la demanda, la empresa afirma "haber descubierto mediante un sistema de informática forense propiedad de Microsoft, cientos de activaciones mediante clave del producto, originarias del IP 74.111.202.30, asignado actualmente a Verizon Online LCC.".
Prosiguiendo: "Estas activaciones tienen características tales que (…) habrían sido utilizadas por esta IP para activar Software pirata".
Es posible, en base a esta demanda, dar por confirmado el hecho de que Microsoft recoge, entre otras informaciones, datos o indicios del estado de las licencias de la copia de Windows instalada en un equipo dado, así como relacionar este estado de licencia con el correspondiente IP de activación. La misma Microsoft sostiene que sus herramientas de informática forense les permite hacer esto, puesto que en la demanda puede leerse: "Como parte de sus métodos, Microsoft analiza los datos de activación de clave de producto proporcionada voluntariamente por los usuarios cuando activan el software de Microsoft, incluyendo la dirección IP desde la que se activa una clave de producto dado".
El volumen de copias piratas de Windows y otros productos Microsoft puede contabilizarse en centenas de millones. Se entiende que es responsabilidad del usuario verificar que la copia de Windows es legal, pero sin embargo, como se da en América Latina, son los mismos técnicos reparadores los que instalan dichas copias piratas con o sin informar a sus clientes. Precisamente las casas y talleres de reparación de computadoras son las que manejarían mayor volumen de activaciones ilegales, los que los convertiría en potenciales objetivos de demandas similares.