La UE (Unión Europea) decidió lanzar una misión militar con el objetivo de frenar el tráfico de personas que se realiza principalmente desde Libia a #Europa. Este operativo se llevará a cabo en junio de este año.

El transporte de personas desde África a Europa se convirtió en un negocio altamente rentable para los dueños de embarcaciones. Estos llenan sus barcos con individuos hacinados y los transportan por el Mar Mediterráneo. Miles de migrantes mueren al año debido a las enfermedades que causan las condiciones de vida en los viajes.

En lo que va del año, más de 50.000 personas han llegado a Europa por estos medios, el problema es que ningún gobierno quiere hacerse cargo de las que llegan ilegalmente a sus países.

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Las autoridades europeas consideran que este fenómeno constituye no solamente una amenaza humanitaria, sino también una posible crisis de seguridad, ya que los barcos pueden estar financiados por terroristas. Aunque también afirmaron que los migrantes no serán devueltos a sus países si así no lo desean.

Para los gobiernos se plantea un problema muy delicado. Esto llevó a los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE a tomar la decisión de detener militarmente el arribo ilegal de personas al territorio europeo.

El operativo militar que se implementará en junio aún debe ser aprobado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). También debe contar con el apoyo del gobierno de Libia, ya que deben instalarse puestos en sus costas marítimas.

Durante la ejecución se proponen identificar a los barcos ilegales antes de que zarpen, y capturar a las naves que se encuentren en el ma.

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En el informe se omitió hablar de la posibilidad de realizar hundimientos.

El fenómeno migratorio se ve impulsado por la crisis política y militar de Libia, que ha sido provocada por la formación de milicias urbanas que se disputan el control del territorio. Esto hace que los habitantes no puedan vivir en paz, por lo que miles de ellos deciden emigrar a Europa cruzando el mar.

Inicialmente el operativo se llevará a cabo por un plazo de 14 meses y costará más de 14 millones de euros. #Globalización #Derechos Humanos