Los argentinos se hundirán en el caos amenazó Macri junto con funcionarios, legisladores y corporaciones mediáticas, si la Corte no aprueba el brutal incremento de tarifas, ni le da rienda suelta para continuar con esta medida a todas luces ilegal, tal cual fue calificada por numerosos fiscales y no pocas Cámaras que ordenaron su suspensión.

Mientras el kirchnerismo ratificó que en el Congreso pedirá la derogación del tarifazo, el massismo recurrirá a evasivas -funcional siempre al #Gobierno- y los justicialistas de Gioia dicen que la decisión final es facultad exclusiva del Ejecutivo, Macri a estas horas obliga a la Corte que responda a los intereses de los patrones de la Shell y, al extremo, de que caso contrario desatará como castigo a la sociedad un proceso hiperinflacionario.

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Peña declaró que sin la continuidad de una permanente adecuación tarifaria se caerá en situación de emergencia con falta de servicios; el diputado Tonelli consideró un “disparate” la cesación de aumentos dictada por la Jueza de San Martín y más lapidario aun estuvo Prat Gay: aplicará recortes porque necesitará ajustar para sacar de otro lugar 80 mil millones.

Remarcó que se verá obligado a reducir la obra pública (algo difícil de concebir con las cifras millonarias que salen del Estado para los bolsillos del primo de MM Calcaterra y de su amigo Caputo, entre otros adjudicatarios y bajo formas arbitrarias y corruptas.) Pero Economía da el ultimátum: se viene más ajuste que acarreará como consecuencia mayor pérdida de trabajo (como si otra medida como la apertura de importaciones y su venta puerta a puerta no fuese suficiente para ya que estén en peligro más de tres mil puestos laborales).

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Macri coaccionó con un proceso hiperinflacionario, una intimidación como sanción a la sociedad, en caso de que tuviera que devolver el dinero pagado por luz y gas. De todos modos, vamos camino a la instalación de la hiperinflación como a la extensión de la corrupción en todos los ámbitos del gobierno, dado que ambos son dos de los pilares fundamentales en todos los países del mundo donde rige el neoliberalismo.

Aranguren, por su parte, cargó leña al fuego contra el kirchnerismo para justificar el tarifazo por una importación cara y desmesurada y la puesta de subsidios que “fueron para los ricos”; por supuesto, negó sus negociados con el gas como accionario de Shell y eludió explicar con claridad por qué esta firma sustituye a YPF en el suministro de combustible a Aerolíneas Argentinas.

 Majul, empleado del Presidente, se encargó de difundir los conceptos de Peña y Prat Gay para sembrar el pánico en la población, en tanto otros periodistas oficialistas reforzaron su presión a la Corte a fin de redoblar el apremio gubernamental a los ministros que la integran.

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Lanata reclamó al máximo tribunal que busque la vuelta para que “el tarifazo no sea ilegal”, Morales Solá le pidió que no complique la realidad económica ni política del país porque habrá una gran conmoción política y económica en el Gobierno, y Pagni se mostró contrario a que se efectúen audiencias argumentando que “se dinamitará la política energética”.

Las empresas no se quedan atrás. Sostienen que no podrán afrontar salarios ni mantener los servicios y que está en juego su estabilidad, pese a que las gasíferas acaban de recibir $70 millones.  Por lo pronto, la MultiSectorial en Red convocó para el 23 de agosto a una nueva movilización ante la sede de la Corte para exigir la anulación definitiva de los aumentos.

  #Mauricio Macri #Corrupción en Argentina