Pese a los repetidos intentos del estado español de acosar y perseguir a la organización ecologista Greenpeace, no siempre puede cantar victoria. En esta ocasión, una sentencia judicial ha dejado en nada el intento de la fiscalía, a instancias del Gobierno español, de buscar una sentencia ejemplarizante contra activistas de Greenpeace, para los que se llegó a pedir hasta tres años de penas de prisión.

El actual Gobierno de España tiene como uno de los ejes fundamentales de su acción política la persecución y criminalización de toda protesta pacífica que vaya contra sus oscuros intereses. Así, en las últimas semanas, está intentando una Ley de Seguridad Ciudadana que retrotrae los derechos y libertades a los de la dictadura franquista.

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Con respecto a Greenpeace, su historial de agresiones debería avergonzar a una democracia que merezca tal nombre, con embestidas y abordajes desde lanchas militares, lesiones graves a activistas, secuestro de barcos, amenaza de multas millonarias. Tal es el modus operandi del Gobierno español cuando alguien ejerce su derecho pacífico de protesta.

En el caso que nos ocupa, Greenpeace había realizado una acción en 2011 pidiendo el cierre de una central nuclear con un largo historial de accidentes, situada en Cofrentes. Para llamar la atención de la opinión pública consiguió infiltrar a 15 activistas en los terrenos de la central. Estos escalaron una torre de ventilación y pintaron las letras “Peligro Nuclear” además de desplegar una pancarta. Para la Fiscalía, tales acciones eran constitutivas de solicitar tres años de cárcel para cada activista, incluyendo a un fotoperiodista que les acompañaba, así como multas que sumaban más de 350.000 euros.

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Sin embargo un juez de lo penal ha puesto las cosas en su sitio, absolviendo al periodista de todos los cargos y pidiendo únicamente a los activistas que se hagan cargo de los daños causados, que ascendían a unos 2.000 euros y que satisfagan igualmente cada uno de ellos una multa de 1.000 euros. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación, pero no está claro aún que ninguna de las partes piense ejercerlo.  #Movimientos sociales