En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante marplatense se votó por unanimidad el pedido para que vuelva a la órbita municipal este extenso complejo de balnearios. En la actualidad los más de dos kilómetros de playas son controladas por la Administración Punta Mogotes (APM), una sociedad mixta que, en la práctica, es una suerte de enclave administrativo de la Provincia de Buenos Aires dentro de la ciudad balnearia.
A fines de los ´70, el gobierno de facto decidió "revolucionar" Mar del Plata con una serie de obras que modificarían su perfil. En las playas de Punta Mogotes se inició un proyecto que tomó dimensiones faraónicas: En primer lugar, se construyó una autopista de varios carriles. Más allá, una serie de lagunas artificiales encadenadas, con toboganes y otros juegos acuáticos. Luego, gigantescos estacionamientos para más de diez mil vehículos. Finalmente, 24 balnearios conectados con una pasarela elevada. Sumado a eso, los balnearios fueron tomando la forma de espacios privados, con accesos y servicios exclusivos para clientes y miles de carpas que llegaron prácticamente hasta la orilla del mar.
Estas playas -concesiones sobre lugares públicos- fueron diseñados en función de un perfil de consumo específico: el turista que se acerca con su auto y alquila una carpa. El resultado: un concepto arquitectónico de barreras paralelas que separan a la ciudad del mar que, sumado a los accesos restrictivos y a que la playa pública tiene dimensiones ridículas, expulsa de la arena a los vecinos de ese barrio.
La obra tuvo un costo de 70 millones de dólares (u$s 200 millones al día de hoy), realizados con créditos internacionales gestionados por el Banco Provincia. Con la recuperación de la democracia, se revelaron los escandalosos montos y la gigantesca deuda que persistía. Para solventarla, se creó un ente especial con mayoría provincial, que gestionaría el lugar hasta pagar todo lo que se debía. Pero también se acordó que una vez extinguida la deuda, el complejo debía volver a la órbita municipal.
Luego de 35 años, solo quedaría una deuda de unos 10 millones de pesos, financiada hasta 2047. Absurdamente, esa pequeña deuda -30.000 pesos mensuales, apenas 1.250 por concesionario- es la excusa que presenta la Provincia para no devolver el lugar por los próximos 32 años.
No es la primera vez que se discute esto en MDQ, pero siempre quedó en la nada, más que nada por la fuerte oposición del gobierno provincial. Claro, se trata de un lugar de negocios, un espacio de poder, un circuito de favores que nadie quiere ceder. En ese sentido, recuerda a un conflicto muy cercano, en la zona del puerto. Allí, en medio de una discusión similar, la provincia cedió terrenos al Club Aldosivi en una zona proyectada como reserva ecológica.
El resultado: se rellenan lagunas únicas para construir un campo de deportes. Una decisión que se toma a 350 kilómetros del lugar, sin consultar ni a vecinos ni a autoridades municipales. Lo del Complejo Punta Mogotes es similar. Un territorio en disputa entre dos Estados. En medio del tironeo político se termina perjudicando a los vecinos y a los eventuales veraneantes.
