El nuevo código civil, que entró en vigencia el pasado 1º de agosto, incluye una no muy difundida modificación. El artículo 1974 implica una reducción de 35 a 15 metros del llamado camino de sirga. Éste, era el espacio que antiguamente debían reservar los propietarios de los predios linderos con las vías navegables para que se pudieran remolcar las embarcaciones. El camino de sirga es una restricción de dominio. Los terrenos siguen siendo privados, pero con una limitación que no permite que sus dueños alteren o impidan el uso público de la franja costera.
En rigor, se trata de un concepto perimido. En 1869, cuando se promulgó el Código Civil original, no existían las naves a motor. Eso cambió, y por eso el camino de sirga fue adquiriendo un nuevo sentido: el de un espacio de interés social. Es la posición doctrinaria de varios juristas, incluyendo la actual ministra de la corte, Elena Highton de Nolasco, que señalaba ese camino como un bien público, un espacio para el comercio, la pesca y el “esparcimiento de la población”.
Pero el cambio aprobado no solo implica una enorme pérdida de espacios de uso público. Además no hay que perder de vista el impacto ambiental. El espacio perdido forma parte del ecosistema de cualquier vía de agua.
Ya antes de la aprobación del código varios actores sociales reclamaron los peligros de esta modificación.
Por ejemplo, el CELS proponía la creación de un “camino de la ribera” de uso público y gratuito, con funciones sociales, ambientales y culturales. Claro, aquí el interés social colisiona con el derecho de la propiedad privada. Los legisladores, sin dudar, privilegiaron lo segundo sobre lo primero. Pero las consecuencias son dramáticas en las zonas con grandes especulaciones inmobiliarias.
Así los ciudadanos pierden espacios comunes mientras los constructores es frotan las manos.
Es que ya hay grandes planes de construcción, desde la zona de los clubes naúticos de Rosario hasta en las costas del lago Nahuel Haupi, pasando por los barrios privados que avanzan sobre el Delta del Paraná, en el Tigre. El eje de todos los proyectos es el mismo: la explotación económica de una zona que, hasta hace una semana, era de uso público.
Algunos números
Para dimensionar el valor de esta transferencia hagamos unos números. Por cada kilómetro lineal de río navegable, el Estado renuncia a 2 hectáreas (1000 x 20 metros) en favor de los propietarios de los terrenos costeros. Hay unos 5000 kilómetros lineales de orillas sobre los principales ríos navegables, lo que implica la privatización de 10.000 hectáreas de espacio de uso público.
Si se incluyeran también las dos orillas de los 30.000 km de todos los ríos, indistintamente de que fueran navegables o no (así lo proponía la no aprobada propuesta del “camino de la ribera”) la cuenta de la pérdida llega a las 120.000 hectáreas, es decir 10 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Y todavía se podrían sumar los varios miles de kilómetros frente a lagos y otros espejos de agua.
El 7 de octubre de 2014, una semana después de aprobado el nuevo código civil, los senadores Pichetto y García Larraburu presentaron un proyecto para enmendar el “error” de la eliminación del camino de sirga. El Código Civil entró en vigencia sin que la propuesta fuera siquiera tratada en comisión.
