Víctor Kearney, propietario de un campo dedicado a la cría de animales, está imputado por tenencia ilegal de armas de uso civil y trata de personas agravada por situación de vulnerabilidad.

El productor agropecuario mantenía a dos trabajadores en condiciones deplorables. Uno de ellos -oriundo de Entre Ríos- cobraba 50 pesos a la semana y dormía en un colectivo abandonado. El otro vivía en una pieza precaria y trabajaba en negro por un salario de 800 pesos semanales.

El 21 de Julio pasado la justicia allanó el campo de Kearney, ubicado en la Ruta 3 Km 77 partido de Cañuelas. Allí se rescató a los trabajadores y se secuestraron distintos tipos de arma de fuego, entre ellos dos carabinas, una escopeta, un revólver calibre 22 y municiones para estas armas.

La situación salió a la luz a través de una denuncia anónima realizada en RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios), ente que fiscaliza el cumplimiento de la ley vigente tendiente a evitar el desarrollo del Trabajo en negro y en el cual deben inscribirse todos los trabajadores y empleadores agrarios.

Tras recibir la denuncia, funcionarios se presentaron para fiscalizar el campo pero fueron recibidos de manera hostil por lo que rápidamente labraron un acta de obstrucción e hicieron la denuncia ante la Fiscalía.

En 2014, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fijó nuevas pautas para combatir la explotación y trata laboral en el sector agropecuario. La ley (25.191) asigna la facultad para exigir a todo empleador la exhibición de sus libros y demás documentación relativa a la actividad, que compruebe el cumplimiento de sus obligaciones; y la ley (26.941) que determina multas entre uno y cincuenta salarios mínimos "para los casos de obstrucción que de cualquier manera impida, perturbe o retrase la actuación de las autoridades administrativas del trabajo".

La obstrucción - como en el caso de Víctor Kearney-  es una de las prácticas de las cuales se valen muchos empresarios, con el fin de eludir el correcto accionar de las autoridades.

El juez Alberto Santa María negó el pedido de excarcelación de Kearney, que permanece alojado en el penal de Ezeiza mientras continúa la investigación del hecho.