En la semana que pasó, fue noticia los amparos presentados por los tarifazos a los servicios y también la cantidad de jueces que han dado lugar a estos reclamos.Lo que ocurre en este momento es propio de un desgobierno o Gobierno que hace de la improvisación un modus operandi, porque en definitiva, alguien, el Estado si ganan los amparistas,se tendrá que hacer cargo del aumento, o el amparista si pierde tendrá que pagar la suba o el tarifazo. Es engañoso creer que se ganó, solo se logró vivir en una suerte de "judicialización de la vida" y con resultados inciertos.
El Gobierno nacional acordó con las empresas de servicios que el aumento del BTU ( british thermal unit) unidad para medir el gas,pase de 2 a5 dólares, y esa ganancia va a las empresas.
El amparo es un proceso judicial, que como en cualquier juicio, en este caso, pidiendo la reducción de las tarifas por ser inconstitucional, el mecanismo de aumentos debido a que se hizo sin respetar las audiencias públicas. Ademas se solicitó la medida cautelar de que se retrotraiga el valor y que no se corte el servicio. El juez le da la razón al consumidor o amparista, en principio, luego el estado apela la decisión. Eso va a una Cámara de Apelación, que de mantener la cautelar del juez de primera instancia, quien terminara resolviendo serán las Cortes Provinciales y en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si la Suprema Corte, da la razón al consumidor, el Gobierno nacional se tendrá que hacer cargo por las diferencias de los precios con las empresas de gas, luz o agua de acuerdo con los contratos que hayan firmado. Pero si pasa lo contrario, la Corte Suprema de Justicia no da lugar al reclamo presentado por los consumidores, entonces las empresas podrán cobrar a los amparistas las sumas por retroactividad más costas del juicio a los consumidores, es decir, cobrar lo que no cobraron de tarifas mientras duró la cautelar, más gastos de abogados.
La solución a este problema de los tarifazos es política, lo que ha hecho hasta ahora el Estado nacional es poner un tope del 400 % y no el 1200 y 2000 % como hizo al principio. Lo ocurrido de retrotraer los enormes aumentos de los servicios no debe considerarse como un logro social de la gente ni tampoco como un favor del Gobierno. Lo que ha hecho esta gestión es llevar a las personas a una judicialización de una parte de su vida, de que la sociedad viva en un total incertidumbre. todo por ese perverso interés de favorecer a empresas extranjeras a partir de decisiones del presidente Macri y sus ministros que, o son socios o han sido CEOS de estas empresas.
