El periodista Marcelo Longobardi fue denunciado por el abogado Juan Gabriel Labaké, cercano al Gobierno, por "traición a la patria" y "calumnias e injurias". El motivo fue una fuerte crítica hacia la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Memorándum de Entendimiento con Irán o “pacto de impunidad”, como lo llaman muchos.
Este hecho se suma a la presión que recibieron anunciantes para que dejaran de pautar en el programa de radio de Longobardi y al extraño asalto que sufrió en octubre pasado en pleno Barrio Parque, unas de las zonas más exclusivas y custodiadas de la ciudad de Buenos Aires.
Según la última clasificación de 'Reporteros Sin Fronteras', la Argentina está en una “zona naranja” con sus 57 puntos. Muy lejos del puesto 47 que ostentaba en el 2009. Esto muestra en números el claro deterioro de la libertad de expresión y la calidad institucional durante el kirchnerismo.
Recordemos sólo algunos casos. Al periodista Juan Pablo Suárez, el año pasado lo acusaron de terrorista por grabar una protesta policial en su provincia, Santiago del Estero. Este año, desconocidos entraron por la fuerza a su domicilio y le destrozaron la casa.
El periodista del Buenos Aires Herald, Damián Pachter, se exilió en Israel tras dar a conocer la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la Presidenta por encubrimiento del atentado a la AMIA. Sus colegas, Teresita Dussart y Juan Cruz Sáanz, también recibieron amenazas por sus investigaciones del caso Nisman.
La periodista Guadalupe Vázquez (C5N) fue brutalmente atacada y amenazada en la calle. Natasha Niebieskikwiat (Clarín) fue “silenciada” en pleno acto político. Carlos Furman, periodista de la localidad entrerriana de Santa Elena, fue denunciado, golpeado y amenazado de muerte por sus investigaciones de corrupción y drogas contra el intendente de su ciudad.
El bahiense Germán Sasso (La Brújula 24) fue procesado por la Justicia Federal, acusado del delito de encubrimiento tras negarse a revelar las fuentes. Juan Gossen (Diario Hoy) tras investigar a Ricardo Echegaray recibió una inspección de la AFIP.
En la misma línea, Magdalena Ruiz Guiñazú, también recibió una inspección de la AFIP, casualmente a su regreso de su viaje para denunciar, ante la OEA, los atropellos a la libertad de expresión que se padecen en nuestro país.
Seguramente faltan otros casos de periodistas que han sido señalados, por el Gobierno, como enemigos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por opinar distinto. Eso es suficiente para sufrir algunas de las “consecuencias” enumeradas.
