En los últimos meses, desde el periodismo anti kirchnerista ha hecho hincapié en la idea de que el gobierno está aplicando un supuesto "plan bomba", esto es: entregar el país con un déficit fiscal en torno al 7 por ciento, un 24 por ciento de inflación, y un dólar atrasado, con reservas en baja. Siempre lineales, los conservadores solo encuentran una solución: ajuste y devaluación.

Los candidatos opositores se muestran abiertamente de acuerdo con los medios.

Pero lo curioso, es que con esto también parece coincidir Daniel Scioli, quien según casi todos los sondeos, será presidente a partir del 10 de diciembre. Scioli es el candidato al que el gobierno se debió resignar, y el kirchnerismo duro apoya sin demasiada confianza.

El saludo que el motonauta mandó al ex presidente Carlos Menem, y el apoyo que se ganó de Eduardo Buzzi y Mónica López, ferreos opositores al gobierno, son muestras de independencia que a nadie agradan en el Frente Para la Victoria (FPV)

Pero más preocupante les resultan las declaraciones del equipo de Scioli. Sus principales asesores económicos, Miguel Bein, Mario Blejer y Silvina Batakis, apuntan a que la solución a los "problemas  actuales" está en atraer inversiones.

El medio para conseguirlas es el mismo que plantean Massa y Macri, "generar confianza".

Confianza es el eufemismo que los candidatos eligieron para evitar mencionar ciertas maniobras impopulares: devaluación,  reducción del gasto público y "normalización de la situación internacional", osea, arreglar con los fondos buitres.

La declaración del salteño Juan Manuel Urtubey, uno de los gobernadores más cercanos al candidato oficialista, en favor de solucionar el conflicto con los holdouts, es solo anecdótica si se lee entre líneas las declaraciones de Scioli y su entorno. La postura del motonauta sobre que "ahora se viene la etapa del desarrollo", y su admiración histórica de la Presidencia de Arturo Frondizi, evidencian que su idea de atraer inversiones es maximizando las ganancias empresariales, y por supuesto, golpeando el poder adquisitivo de las mayorías.

Ya seguros que las chances de los candidatos opositores están apagadas, los líderes del FPV desean establecerle límites a su propio candidato para cuidar las medidas económicas que se llevan adelante desde 2003. Frente a un claro coqueteo sciolista con derechizar la economía, el gobierno decidió dificultar un supuesto giro ortodoxo del futuro gobierno.

Se convirtió en ley la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar, que recibirán dos aumentos anuales, al igual que las jubilaciones. Por otro lado, el Congreso estableció que para privatizar ,parcial o totalmente una empresa estatal, se necesita la aprobación de dos tercios de las cámaras legislativas. El oficialismo decidió que, a diferencia de la última década, muchas medidas dejarán de depender del humor del Poder Ejecutivo, para convertirse en una política de Estado.

Con esto tiene que ver el apuro por aprobar el presupuesto del 2016 antes de las elecciones. Si bien es cierto que los gobiernos no siguen al pie de la letra lo planteado por el presupuesto, hay una clara intención del gobierno de establecer que no habrá cambios bruscos, sobre todo en el valor de dólar.

Esta es la forma que el gobierno de Cristina Fernández encontró para proteger a las mayorías de un presunto embate futuro. Y así hubiera una sorpresa, y el ganador de las elecciones fuera de otro partido, la intención es la misma: marcarle la cancha al próximo presidente.