Mientras la canciller alemana Angela Merkel respaldó a Macri para que siga con el libre mercado en la Argentina, el Jefe de Estado borró la promesa de corte de ceses laborales al admitir que CABA despida 200 trabajadores de educación. Para peor, salió a la luz un nuevo acto corrupto: su orden de contratación con grandes visos de irregularidad de $300 millones anuales para seguros de ferrocarriles. En tanto, apuró a la Justicia para inhibirla a Cristina de Kirchner de todos sus bienes por la causa dólar a futuro.
Por otra parte, siempre atentando contra los asalariados, el ministro de Trabajo Triaca confirmó que se reducirán los aportes patronales por riesgos de trabajo, de modo de callar los lamentos del sector patronal que reclama no destinar sus ingresos para este fin.
Seguros para ferrocarriles otorgados sin licitación, por contratación directa, beneficiarían económicamente a Macri y su padre. Otro negociado corroborado y corrupto pasó a la lupa de la Justicia (que ojalá aprenda a ser justa). Los 300 millones por año van a la firma Aon Risk Services; el fiscal Delgado y el juez Casanello investigan la participación imposible de desmentir del grupo Socma de los Macri tampoco ajena a paraísos fiscales.
En los gobiernos kirchneristas los trenes estaban asegurados estatalmente por Nación Seguros. Mauricio rompió este contrato y nos obliga a pagar 550% más; sin transparencia y de forma exclusiva convino elevar el piso de contrataciones directas que él mismo fijó a todas las reparticiones estatales.
Firmó el acuerdo el titular de Ferrocarriles Argentinos, Marcelo Orfila, quien es consultor de Aon. Cabe destacar que Jorge González Galé -gerente de dicha empresa - es desde hace larga data hombre de confianza de Socma; asimismo asesoraría subrepticiamente a la Superintendencia de Seguros.
Significaría otro delito de defraudación y negociación incompatible con la función pública.
Una vez más Macri incumplió la promesa de que administraría con licitaciones y, encima, Aon obtendrá comisiones de $30 mil y 45 mil para tercerizar el servicio y podrá contratar a su gusto.
Los seguros rigen en la mayoría de líneas urbanas y larga distancia para pasajeros, personal, inmuebles, máquinas y vehículos, pero no hay exigencia de control del Estado, por lo que se facilita la violación de normas.
Orfila, de amplia trayectoria en el mundo empresarial, al llegar a Ferrocarriles aumentó su sueldo a $200 mil mensuales y a $160 mil los salarios de gerentes que trajo del sector privado; ubicó asesores “CEO” con la percepción de entre $120 y 160 mil. El vínculo con AON beneficiaría a amigos y parientes.
Por otra parte, se reducirán las cargas patronales en riesgos de trabajo en respuesta al pedido de la Unión Industrial y aseguradoras agrupadas en UART. El kichnerismo, en 2004 modificó el sistema de las ART a favor de los trabajadores y la Corte Suprema se opuso, finalmente se impuso en 2012 estableciendo entre otros provechos para el sector laboral la actualización automática de indemnizaciones, su incremento del 3097%, y la ampliación de cobertura de patologías.
Ahora Macri elimina obligaciones de la patronal, le baja costos y simultáneamente pone obstáculos para que no prosperen litigios. Otro negocio rentable para el empresariado y un primer paso para apartarlo de todo pago. El trabajador no podrá reclamar a la Justicia; los dictámenes los asumirá la Seguridad Social. “Los litigios afectan a las empresas -remató Triaca- y se restringirá el listado de patologías.”
