En medio de una multitudinaria marcha femenina en todo el país, junto a espacios políticos y sociales contra el Femicidio, cuya tasa creció en los últimos meses a razón de una mujer muerta violentamente por día, alcanzado una de las tasas más altas del continente, el Presidente avanza en el Congreso con el proyecto de ley de eliminación de la Unidad Fiscal especializada en la problemática.
CFK llamó a participar.
Se movilizaron las dos CTA, el FPV, el Frente de Izquierda, Las Rojas (de Nuevo Más), la ONG La Casa del Encuentro, ATE Capital, Suteba y diversas universidades nacionales. En realidad, el objetivo central de Macri, despreocupado de la brutalidad y discriminación hacia el sexo femenino e instaurador de una incuestionable violencia institucional, es echar a Gils Carbó, a quien le asiste el derecho de permanecer como Procuradora General Nacional (sin haberse hallado tampoco pruebas para su destitución).
Alejandra Gils Carbó justamente conduce la Unidad que investiga femicidios y niños apropiados por la Dictadura, pero MM ya “cocinó” con Massa la remoción íntegra de la Procuraduría; se la entregará a su partido FR para que la maneje “funcionalmente” al Pro.
Con dictamen favorable de diputados de Cambiemos, FR y el peronismo disidente encabezado por Bossio se apunta -según el nuevo organigrama- a suprimir dicha Unidad Fiscal, sacar a la Procuradora y también destruir la Dirección General de Derechos Humanos, la Procuraduría de Defensa de la Constitución y dividir la de Lavado de dinero (en Lavado y Delitos Económicos), cuya eficacia queda en dudas. Rechazaron el proyecto el FpV, el Movimiento Evita y la izquierda.
En otro orden, el INDEC reconoció que en seis meses desaparecieron 120 mil empleos y hay 6.129 empresas privadas menos que a fines de 2015. Asimismo, peligran 12 mil puestos por la importación de computadoras, mientras la deuda externa superó en octubre los US$188.000 millones y va por más y el pago de ganancias de los trabajadores es otro truco del Gobierno: su recaudación va en directo beneficio de los poderosos con el acatamiento de la CGT.
Los sectores con más caída laboral fueron construcción (12,5%), explotación de minas y canteras (6,4) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,5). Se acaban de suspender 2 mil personas: la fábrica de lavarropas Alladio, 1500 por la paralización de dos plantas en Córdoba; la Metalúrgica Tandil, 130, y Expofrut -la mayor empresa de producción empaque y comercialización de frutas y hortalizas frescas en el país- cerrará dos plantas y expulsará 260 tras desocupar a 1080.
Todo ello gracias a la derogación de la ley Anti despidos y el continuo apoyo de la CGT, que acordó con Macri que caigan las paritarias y siga la ola de desocupación con camino al trabajo esclavo. Además, el Indec difundió que en seis meses existen más de cuatro millones de trabajadores en negro, es decir una de cada tres.
La región Noroeste reúne el mayor porcentaje (39 %); Salta, la provincia gobernada por Urtubey, tiene el indicador más alto (44,8%) y Santa Cruz el más bajo 12,4.
Por otra parte, la OEA en su revisión anual cuestionó la corrupción del Estado. Recomendó transparencia en la contratación de funcionarios públicos, en la adquisición de bienes y servicios estatales y en sistemas para proteger a los funcionarios que denuncien actos corruptos. Pidió orden jurídico interno del país y actualización de normas éticas, aunque no incluyó en falta de moralidad que MM gobierne por decreto y lo elogió.