La política de desarme, que fue impulsada por primera vez en el 2013 por el Poder Ejecutivo Nacional argentino, y que en su oportunidad dio lugar a que la Organización de las Naciones Unidas le otorgara un premio específico en la materia, ha recibido un nuevo empuje.

En continuación con la misma línea, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con el precandidato por el FPV a regir los destinos del país, Daniel Scioli, inauguró recientemente el Banco Nacional de Materiales Controlados del Registro Nacional de Armas (Banmac).

La nueva entidad, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, se constituye en el depósito de armas, municiones y pirotecnia más grande del país, donde se almacenarán en un predio de 2.000 metros cuadrados 150.000 armas.

Argentina ha destruido más armamento que ninguna otra nación y en los próximos meses se eliminarán 300.000.

En el transcurso de la inauguración, Kirchner solicitó al Congreso Nacional que considere los proyectos de distintos legisladores para reemplazar el "obsoleto" Registro Nacional de Armas (RENAR) por la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

El objetivo es que la portación y tenencia de armas sea controlada por el Estado; en este sentido la mandataria remarcó que apoyar al desarme contribuye a una política de seguridad en el país y a favor de las familias.

De este modo cualquier propietario de armas -que muchas veces soslaya las leyes vigentes para adquirirlas- se verá impedido de disponer de ellas y manejarlas irresponsablemente (al cometer un ataque), provocando, en consecuencia, atentados que malhieren o matan a los ciudadanos.

En definitiva, la decisión se orienta a impedir que la sociedad quede expuesta a la indefensión.

Apertura de 30 laboratorios satélites forenses

Si bien corresponde al Poder Judicial adjudicar su propio presupuesto para que la Argentina emplace laboratorios satélites forenses que se extiendan para uso de todo el territorio nacional, Cristina Kirchner encaró esta responsabilidad de invertir en su creación.

Lo cierto es que se da por concluida la necesidad de que las provincias trasladen investigaciones y muestras delictivas a sitios con tecnología de envergadura para un examen que constate datos con plena exactitud.

El Gobierno kirchnerista terminará con todas las habilitaciones precisas en 2015; totalizará la construcción de 30 laboratorios satélites que agilizarán el trabajo de fiscales y jueces.

No habrá una sola región sin ellos.

Ya hay 18 disponibles. El Estado Nacional ya construyó 17 y puso en marcha el número 18 en la provincia de Santiago del Estero.

Beneficios para jueces y fiscales

Los jueces provinciales, al igual que los fiscales, con la comunicación de excelencia que se les ofrece, ya no necesitan remitir pruebas en casos tales como crímenes y violación y tantos otros delitos a Buenos Aires o a La Plata. De este manera, también sortean el peligro de poner en riesgo la cadena de fidelidad y el control y custodia del material para garantizar un análisis fidedigno.