Fiel a su ideología de que Argentina se una a la Alianza del Pacífico y la Unión Europea, en la 49° Cumbre del Mercosur en Asunción (Paraguay), el presidente Mauricio Macri propuso a los países participantes su acercamiento con ambas en la búsqueda de inversiones en obras de infraestructura, ofreciéndoles previsibilidad para negocios. No especificó que atraer fondos del exterior implicaría endeudamiento, que es lo que está practicando en nuestro país.
Tiempo atrás, declaró que había expulsar a Venezuela de la región, un objetivo que mantiene, mientras que en campaña sostuvo que la Argentina tenía que abandonar el Mercosur.
Atacó a Maduro y subrayó que su Gobierno debe establecer una democracia real sin perseguir ideológicamente a quienes piensan distinto. Pidió que se liberen de inmediato a los presos políticos.
Entonces, la ministra de Relaciones Exteriores bolivariana, Delcy Rodríguez, dejó expuesto a Macri ante el resto de los mandatarios de la región como aliado y defensor de la dictadura en Argentina, sin que él jamás se haya opuesto a torturas y desapariciones de personas.
Rodriguez lo acusó de defender a venezolanos violentos hoy presos porque “en manifestaciones pacíficas” usaron bazucas y torturaron y mataron. Mostró fotos de su violencia tomadas por la agencia AFP, donde se refleja a los opositores al chavismo incendiando el Ministerio Público y servicios públicos esenciales.
Agregó que los enemigos de Maduro atentaron contra el acceso a la alimentación y a la educación y destruyeron con fuego 19 universidades.
La funcionaria recordó que Macri vetó leyes contra los derechos humanos. “Si vamos a hablar de derechos humanos tenemos que hacerlo sin doble estándar", concluyó.
Por otra parte,Michetti despedirá dos mil empleados del Senado y el gobierno nacional decidirá la suerte de otros 63.000 trabajadores públicos.
Tras el despido de empleados de Diputados, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció que echará del Senado a 2000 personas y que su decisión “no es negociable”.
Ahora se añade la evaluación de expedientes de 63 mil empleados de la administración pública nacional incorporados a diversos ministerios en los últimos tres años, en su mayoría bajo contrato. Se auditarán 15 mil convenios del último año. La intención es saber qué tarea desempeñan y reconocer si hay “ñoquis”.
El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, se reunió con el secretario general de la UPCN, Andrés Rodríguez, para informarle sobre la modalidad de análisis que aplicará para determinar qué se hará con la gente contratada por tres meses y con posibilidad de renovación y otra que carece de previsibilidad en su labor.
Al macrismo le preocupa casi dos mil nombramientos en el Ministerio de Trabajo, 1.300 contratos en el de Educación, 1.035 en Economía, 1.017 en Cancillería, 956 en Salud, 888 en Desarrollo Social, 477 en Defensa, 457 en Justicia y 227 en Cultura de la Nación.
Ibarra utiliza como argumento que cuando gestionó los recursos humanos en la CABA, el personal creció 3% en ocho años, sumando 128.000 empleos. Pretende marcar una diferencia entre un gobierno local y el nacional kirchnerista a quien le adjudica un aumento de personal en 12 años de más del 35%.
Ibarra planificó una nueva carrera administrativa que tendrá en cuenta mejoras salariales por desempeño y mérito. Incluirá administración electrónica digital por banda ancha con atención online de trámites.