En la última semana, comenzó a trascender la campaña que casi una veintena de asociaciones y organizaciones defensoras del medio ambiente, iniciaron el mes pasado declarándose opositoras a la nueva ley de semillas en la que está trabajando el Ministerio de #Agricultura de la Nación desde el año 2012 y que buscará ser aprobada próximamente por el poder Legislativo.

El anteproyecto de ley. Según denuncian las asociaciones activistas, la nueva ley de semillas en #Argentina realizará modificaciones sustanciales a la que se encuentra en vigencia, afectando el derecho que tienen los agricultores sobre sus propias producciones de semillas.

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Entre otros puntos, la campaña da a conocer la implementación de prohibir la reutilización de las semillas que se obtienen de cosechas propias. Tal accionar significaría no solo una alteración en los costos para el productor -dejando desprotegido al pequeño 'chacarero' -, sino también truncando la posibilidad de producir mejores cultivos, ya que se restringe también el derecho a la selección, mejora e intercambio de semillas. A esto se le suma que la nueva ley de semillas planea implementar un "Registro Nacional de Usuarios de semillas", burocratizando lo que hasta el momento era una práctica simple y libre.

Otra de las modificaciones que levanta polémica es lo que se denomina "derecho de obtentor". Tal derecho consistiría en instaurar una especie propiedad intelectual sobre las semillas que hayan sido modificadas genéticamente.

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Como corolario, el derecho de obtentor se traduce en mayores ganancias para los grandes laboratorios y empresas que cuentan con el equipamiento para realizar experimentos genéticos, y a quienes habría que pagar por usar sus semillas. En otras palabras, la campaña "No a la nueva ley de semillas" habla de "expropiación y privatización a la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina".

Por otro lado, se señala que la nueva propuesta legal al uso de semillas cuenta con dos excepciones: la agricultura familiar y los pueblos originarios, a las que denuncian como una forma de 'maquillar el proyecto' para que parezca "inclusivo" cuando lo único que intenta es fortalecer el control sobre las semillas monopolizando el mercado.

De acuerdo a las últimas publicaciones y boletines realizadas por las organizaciones a favor de "una agricultura en manos del pueblo y no de las corporaciones", la ley en la que está trabajando el Ministerio de la Nación cercena la libertad del agricultor en varios puntos. Es por ello que a través de distintos canales de comunicación buscan la adhesión de la gente, informando y reclamando pacíficamente por un tratamiento pluralista de la nueva ley, en el que se puedan escuchar todas las voces.