La Guerra Civil española fue uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea. Fue le campo de pruebas para el armamento que se emplearía en la II Guerra Mundial, siendo además el prólogo de esta.

El fin de la Guerra Civil instauró en España una dictadura fascista, encabezada por el General Francisco Franco, que gobernó el país durante cuarenta años. Durante este tiempo, se cometieron innumerables crímenes contra la humanidad.

Las autoridades franquistas siempre supieron, sobre todo después de los Juicios de Nuremberg, que se les podrían pedir responsabilidades en el futuro, por ello, en octubre del año 1977 se promulgó la llamada Ley de Amnistía, en virtud de la cual todos los crímenes de guerra (y los cometidos por la dictadura) quedaban perdonados.

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Cada vez que se ha intentado perseguir a las personas que durante la dictadura cometieron estos crímenes, la justicia española siempre ha esgrimido esta ley. Así ha ocurrido dos veces cuando la justicia #Argentina ha pedido cuenta de estos crímenes y ha solicitado la extradición de los acusados. Primero de Jesús Muñecas y de Billy el Niño y, más recientemente, de otros 19 más, entre los que se encontraría José Utrera Molina, suegro del ex ministro español de Justicia.

Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, la ONU ha dicho esta vez que, en realidad, la justicia española no puede seguir utilizando la Ley de Amnistía para proteger a presuntos criminales, sino que debe colaborar. Además, la Ley de Amnistía de 1977 contradice varios tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue suscrito por el país europeo en 1977, seis meses antes de la promulgación de esta polémica ley.

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Así que, desde este punto de vista, en la ONU han afirmado categóricamente que si no va a ser la propia justicia española la que juzgue a estos acusados de crímenes contra la humanidad, entonces deberán extraditarlos para que sean juzgados por la justicia argentina. A este respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas fue bastante explícito: "solo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia investigaciones y juzga a los responsables".