Hace dosdías un juez solicitó declaraciones de las ganancias anuales y también patrimoniales de Cristina Fernández,también deberá declarar las ganancias de su esposo, ya fallecido y exmandatario de argentina Néstor Kirchner, así como de sus dos hijos Florencia yMáximo.

Pocas horasdespués de conocerse la solicitud del juez sobre las declaraciones que CristinaFernández debía entregar, policías de la oficina de Administración Federal deIngresos Públicos se personó en su casa para retirar todos los documentospertenecientes a la documentación necesarias para las verificaciones de lainvestigación. El juez ha dicho  abiertola investigación porque sospecha de lavado de dinero.

El juez lleva variassemanas sobre la pista

Elmagistrado argentino, ha ordenado también revisar todas las oficinas deHotesur, que es la empresa en la cual la presidenta argentina tiene susacciones.

Rápidamente, Hotseur asumió haber cometido algunas irregularidades ensus papeleos, pero ha dicho que piensan que no hay ningún delito grave que lajusticia argentina deba perseguir.

El juez queestá a cargo el caso, Claudio Bonadío, ya ha dicho que continuará lainvestigación el tiempo que haga falta y también ha dicho que este caso yasalió a la luz en el 2008, cuando se le pidió explicaciones al esposo deCristina Fernández, la actual presidenta, antes de fallecer y después a suesposa cuando ya había fallecido.

Otro de losimplicados en este asunto es el secretario de justicia, que denuncio al juezque está denunciando a la actúa presidenta antes el consejo de magistratura, yaque cree que está desempeñando mal sus funciones de trabajo. Dijo que se ledebía someter a un juicio político contra dicho juez, ya que se cree que usa laextorsión, valiéndose de causas judiciales.

Elsecretario de justicia recordó que el juez que acuda a Cristina Fernández, fueapartado de un caso en el 2005 por la investigación de un ataque terrorista porhaber protegido a su jefe Carlos Corach, en ese entonces ministro del interior. Por otro lado, Bonadío, recibió otra denuncia por parte de un senador  por enriquecimiento ilícito, lavado de dineroy abuso de autoridad, por lo que debía dejar su puesto de funcionario público. 

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