El 10 de junio de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hecho que se constituyó en el principal y más antiguo antecedente de la soberanía Argentina sobre las islas.
Mediante el establecimiento de estas estructuras jurídicas y administrativas, la joven nación argentina reclamó la soberanía sobre el territorio, ejerciendo sus derechos de heredera de los espacios marítimos y terrestres del Atlántico Sur que habían sido pertenencia de la Corona Española.
El Decreto, que tenía como objetivo el desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de asentamientos poblacionales, puso al frente de la comandancia a D. L. Vernet.
Sin embargo, tanto las autoridades como los habitantes fueron expulsados por la fuerza por los británicos en 1833, quienes ocuparon el territorio con el firme propósito de establecer una colonia y con claras perspectivas de beneficiarse económica y políticamente de la estratégica ubicación de las islas. Desde entonces, por más de 180 años, el Estado argentino nunca consintió en la usurpación británica y en la pérdida de la soberanía.
En diciembre del presente año se rememorará también la adopción de la Resolución 2065 (XX) de la AGNU (Asamblea General de las Naciones Unidas).
Éste es un hito de radical importancia para los reclamos del país, ya que mediante dicha Resolución la comunidad internacional llamó a negociar y a encontrar una solución pacífica a las partes, los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reconociendo así la existencia de una disputa de soberanía sobre un territorio y la posibilidad de un caso de colonialismo.
Este reconocimiento ha sido reafirmado en más de 40 resoluciones en el lapso de estos 50 años.
A pesar de la presión que ejercen la comunidad internacional, las Naciones Unidas y múltiples organizaciones regionales, como el MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), entre otros, Inglaterra no sólo sigue negándose al diálogo y a la negociación sino que, además, explota los recursos naturales de la región y establece una fuerte presencia militar, lo que constituye, sin lugar a dudas, una clara violación a los usos y principios del Derecho Internacional. Como en tantas otras ocasiones, las normas del derecho no ejercen el mismo peso sobre los poderosos.
